El Gobierno de Johnson acepta limitar los segundos trabajos de los diputados

El mandatario 'tory' movió ficha forzado por la oposición laborista, que ayer presentó mociones parlamentarias pidiendo el veto a los segundos trabajos y una investigación de los turbios contratos de equipos de protección personal o pruebas de covid adjudicados en los últimos meses. Johnson se había adelantado a la estrategia laborista comunicando, la víspera, su disposición a prohibir el doble empleo en la limitada esfera de asesor o estratega parlamentario a sueldo de empresas privadas.

La propuesta acepta, además, «límites razonables» al trabajo exterior y la «penalización apropiada» de diputados que desatiendan a su electorado. Ambas medidas se incluyen entre las recomendaciones de un informe de 2018, que ningún Gobierno implementó. La demarcación de esos límites temporales o espaciales se dejan al criterio del comité en estándares, que consensuará sus recomendaciones para finales del próximo enero. Estará por ver cómo se definen las horas que se podrán dedicar a trabajos exteriores y si seguirá siendo válido mudarse durante meses a las Islas Vírgenes Británicas u otros enclaves a remota distancia de Westminster. Esas escapadas hizo durante la pandemia el ex abogado general y actual conservador conservador, Geoffrey Cox, mientras asesoraba al Ejecutivo de la excolonia en una encuesta de corrupción promovida por el propio Ejecutivo de Londres.

Johnson frustró ayer el plan laborista, pero no logró dar carpetazo al escándalo de las prácticas corruptas en su partido. Keir Starmer, líder de la oposición, exigió una disculpa del primer ministro por «defender la corrupción» y minar la confianza del público en la democracia. «Los demás se han disculpado por él, pero él no se disculpa. Un cobarde, no un líder», espetó en un airado turno de Preguntas al primer ministro.

El presidente de la Cámara, Lindsay Hoyle, pidió después a Starmer que retirara el «poco parlamentario» insulto de cobardía. Para entonces ya había amonestado a Johnson por burlar las normas de la 'casa' cuando, en vez de responder a las preguntas, cuestionó a Starmer sobre ingresos adicionales como asesor legal que facturó antes de ganar el liderazgo del partido. «Usted puede ser el primer ministro del país, pero en esta Cámara mando yo», dijo autoritariamente enfurecido.

A su vez, Angela Rayner, vicelíder laborista, presentó un catálogo de abusos de poder e influencia detectados hasta la fecha en el partido gubernamental. Entre los puntos más críticos se enumeran contratos, por un valor de 3.500 millones de libras, otorgados a empresas asociadas a políticos o donantes tories. El informe también desvela que 50 diputados conservadores han cobrado unos 1,7 millones de libras por servicios de asesoría en lo que va de año. «Sabemos que las compañías que entraron en la lista VIP tuvieron diez veces más posibilidades de ganar un contrato que las demás», denunció Rayner.