«La Unión Europea debe responder en bloque a China por las 'comisarías' clandestinas»

Con cerca de 300.000 miembros, Italia cuenta con una de las comunidades de inmigrantes chinas más numerosas de Europa. Para controlar a esa diáspora, las autoridades del gigante asiático han abierto desde 2016 en territorio italiano 11 estaciones de Policía clandestinas, unas oficinas que no cuentan con la autorización del Gobierno de Roma y que se utilizan para localizar a disidentes o delincuentes y presionarlos con amenazas a sus familiares u otros métodos para que vuelvan a su país de origen para ser procesados.

Italia es la nación del mundo con el mayor número de estas 'comisarías', según desveló el último informe de la ONG española Safeguard Defenders, que denunció que desde el centenar de estos centros presentes en más de 50 países se ha obligado a regresar a China al menos a 83 personas, una de ellas desde Madrid. En España habría nueve de estas peculiares estaciones de Policía, que según se ha defendido Pekín sólo sirven para ayudar a sus compatriotas con los trámites burocráticos.

«Es una buena noticia que las autoridades españolas hayan abierto una investigación sobre esta cuestión», declaró Laura Harth, directora de campaña de Safeguard Defenders, que considera que la respuesta del Gobierno de nuestro país a esta actuación de China, que supone una violación de la soberanía nacional y del derecho internacional, se encuentra «a medio camino» entre la reacción más airada de Canadá y la «débil» respuesta de Francia e Italia. Este último país siempre ha mantenido un peculiar equilibrio en sus relaciones con China respecto a la posición más dura de sus socios occidentales. Lo demostró en 2019, cuando se convirtió en el primer Estado del G-7 en sumarse a la Nueva Ruta de la Seda, el proyecto estrella del presidente del gigante asiático, Xi Jinping, para impulsar las relaciones comerciales entre Asia y Europa. Cuatro años antes Roma y Pekín habían firmado un acuerdo que permitía patrullas conjuntas de agentes de Policía de ambos países en territorio italiano.

«Resulta sorprendente que algunas naciones europeas sean tan reticentes a la hora de responder a este fenómeno. Si todos los países europeos lo afrontaran de manera conjunta tendrían la fuerza para responder a China, a la que le resultaría muy difícil utilizar su habitual chantaje económico si la Unión Europea responde en bloque», insistió Harth en una conferencia de prensa celebrada en Roma. «Es el momento de actuar todos juntos para que cada país no tema ir solo y sufrir las consecuencias negativas». Esta ONG ha obtenido toda la información desvelada en sus últimos informes desde las páginas web de las propias instituciones chinas o de sus medios oficiales, donde las autoridades sacan pecho de su capacidad para repatriar a supuestos delincuentes, entre los que no faltarían los disidentes políticos.

Dichos medios informaron que entre abril de 2021 y el pasado mes de agosto, 230.000 migrantes chinos en el extranjero fueron «persuadidos» para regresar a su nación de origen para ser procesados por participar presuntamente en fraudes telemáticos. Otras 11.000 personas habrían sido obligadas a regresar desde el extranjero en el marco de la operación 'Fox Hunt', desatada por Xi para luchar contra la corrupción, pero que habría servido también para realizar una purga en las filas del Partido Comunista. La sospecha es que esta peculiares 'comisarías' habrían desarrollado un papel en estas repatriaciones forzadas y llevadas a cabo sin permiso de las autoridades locales.

Al ministro del Interior de Italia, Giulio Piantedosi, le tocó dar explicaciones el pasado 7 de diciembre en la Cámara de los Diputados tras la información desvelada por Safeguard Defenders. Piantedosi aseguró que sólo tenía noticia de dos de los once centros que afirma la ONG que operan en el país y aunque dio por buena la versión de Pekín de que se dedican sólo a prácticas burocráticas, aclaró que la Policía y los servicios secretos han abierto una investigación para aclarar cuál es realmente su labor.

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