La mitad de votantes 'tories' quiere nacionalizar la energía

La encuesta realizada por la compañía YouGov, que registra también una gran mayoría de partidarios de la nacionalización entre votantes de los Liberal-Demócratas, se ha publicado tras el anuncio el pasado viernes de un ascenso del 80% de la tarifa media de un hogar con contrato dual de suministro de gas y electricidad, a partir de octubre.

La encuesta refleja el impacto emocional de los nuevos precios -4.143 euros anuales- entre la ciudadanía, pero reconocidos expertos, como el profesor de Economía de la Universidad de Oxford, sir Dieter Helm, que ha asesorado a gobiernos conservadores, afirma que el sistema creado hace tres décadas mediante las privatizaciones «no funciona».

Helm apunta en particular a la energía y al agua. La memoria anual del organismo regulador de las empresas de suministro de agua ha revelado que durante 2,7 millones de horas estuvieron vertiendo aguas residuales en ríos y costas (provocando una protesta de un eurodiputado francés), y dejaron escapar mil millones de litros por el estado deficiente de sus estructuras.

El mercado energético estaría distorsionado por la leve relación del precio de la electricidad con el coste de generación. En el caso del agua, según Helm, las empresas del sector han sido adquiridas por fondos financieros que reparten cuantiosos dividendos y contraen grandes deudas, que les ahorran el pago de impuestos. Los reguladores -Ofgem y Ofwat- trabajarían sin una perspectiva de largo plazo, presionados por intereses que se benefician de esta complejidad.

La privatización de empresas públicas fue una bandera muy significativa de la década de Gobierno de Margaret Thatcher. Su primer mandato vio la privatización de empresas recientemente nacionalizadas por los laboristas. En el segundo, la venta infraestructuras públicas (petróleo, gas, electricidad, agua, telefonía…) fue estandarte de su mejor momento. Y su ejemplo fue imitado en otros países.

Las quejas contra las empresas privatizadas es más común cuando operan con monopolios. Las barreras de entrada en el mercado de transmisión y distribución de gas y electricidad son tan altas como las que existen para crear una red de ferrocarriles alternativa a la existente, y que así ofrezca la competencia que mejore servicios y precios. No hay tampoco opciones para contratar el suministro de agua con otra firma que no sea el monopolio regional.

La nacionalización parece muy improbable. La única política relevante partidaria de «mantener en la mesa» esa idea es la ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon. Tiene en su país dos grandes eléctricas, SSE y Scottish Power (rama local de Iberdrola). Keith Anderson, consejero delegado de esta última, ha propuesto congelar tarifas y crear un fondo del déficit, estimado en unos 100.000 millones, avalados por el Estado, que permita diluir los costes extraordinarios durante una o dos décadas.

Durante la campaña del liderazgo laborista, sir Keir Starmer prometió mantener el compromiso de nacionalizar la energía, el agua, correos y ferrocarriles, en los programas electorales del partido en 2017 y 2019. Lo descarta ahora y su ministra de Hacienda en la sombra, Rachel Reeves, la considera incompatible con sus planes fiscales. Liz Truss, posible sucesora de Boris Johnson al frente de los conservadores, no propone ninguna nacionalización.