Reino Unido rompe de forma unilateral el 'brexit' para Irlanda del Norte pactado con la UE

El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, promotor de la iniciativa, afirma que «arregla partes del Protocolo de Irlanda del Norte, haciendo los cambios necesarios para restaurar la estabilidad y garantizar que se proteja el delicado equilibrio del Acuerdo de Belfast o Viernes Santo». Johnson ha descrito los cambios como «un ajuste trivial».

El proyecto de ley contempla el establecimiento de un sistema de canales, rojo y verde, que permitan dirigir el tráfico de los productos provenientes de Gran Bretaña, según su destino sea la misma región o el mercado común en la Irlanda del sur. Permitirá también la convivencia de un sistema dual de regulaciones, de tal modo que circulen por la región géneros sometidos a reglas británicas o comunitarias.

Lo que el Gobierno de Londres presenta como «la solución» incluye cambios también unilaterales en la aplicación del régimen del IVA y en las reglas de ayuda pública a empresas, al tiempo que elimina el rol del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la resolución de disputas, traspasándolo a los tribunales británicos o a un panel internacional.

La situación de necesidad que invocan los promotores del proyecto es reconocida en la ley internacional como un motivo para justificar las acciones de un Estado y en su primer artículo los autores del Protocolo lo definen como una construcción legal que no puede alterar los arreglos constitucional de 1998 o la integridad del Reino Unido. Esos argumentos esgrime Londres contra quienes le acusan -y son muchos en el propio Partido Conservador- de adentrarse en la ilegalidad.

La necesidad de esas medidas unilaterales se justifica porque la Comisión Europea no habría escuchado las quejas de empresarios norirlandeses sobre el excesivo papeleo y su coste. Hay también daños a ciudadanos, que sufren retrasos en la recepción de paquetes, por ejemplo. Son en algunos casos perjuicios que ha causado el 'brexit' también en otros lugares del Reino Unido.

La mayor asociación de empresarios británicos, CBI, se ha mostrado contraria a la unilateralidad del Gobierno y asociaciones del sector de alimentación, importante en la economía regional, expresaban a la BBC este fin de semana la satisfacción de la mayoría por los beneficios de tener acceso a ambos mercados. El negocio de la leche se preocupa de que la divergencia de regulaciones -lo único que justifica impulsar un sistema dual- rompa la integración de la industria del norte y del sur de Irlanda.

La necesidad de Johnson sería también política. El segundo partido en las últimas elecciones, el radical unionista DUP, invoca fantasmales ruinas económicas para rechazar el Protocolo. Resiente con pasión que la siempre unionista Irlanda del Norte tenga en el 'postbrexit' barreras aduaneras con el resto del Reino Unido y la obligación someterse a directivas en cuya redacción no participa. El líder del partido, sir Jeffrey Donaldson, dice que se siente como «un ciudadano de segunda» en su país.

Una mayoría de los diputados autonómicos elegidos en las elecciones de mayo, 52 de 90, escribió al Gobierno rechazando el proyecto de ley y la unilateralidad. Pero la Irlanda del Norte creada en el Acuerdo de 1998 se basa en el consenso. El DUP no acepta reconstruir el Ejecutivo autonómico mientras opere el Protocolo. Una ley parcialmente derogatoria es la solución que Johnson le ofrece. El DUP no ha garantizado cuándo se sumará al consenso tras este gesto.

Mientras, en Belfast se debate con regocijo si el abogado John Larkin, antiguo jefe regional de la Fiscalía de la Corona, ha encontrado un error realmente fatal en la redacción de las regulaciones comunitarias que obligan a la administración local a establecer controles aduaneros a productos de Gran Bretaña. Un caso en el Tribunal Superior de Irlanda del Norte tendrá que decidir si, como dice Larkin, este gran enredo se basa en un equívoco.

El proyecto para modificar el Protocolo coincide con la preocupación que ha despertado en el Gobierno la posibilidad de un repunte de violencia en la región tras la detención del jefe de la Compañía B de la Fuerza Voluntaria del Ulster (UVF), grupo criminal y sectario, con una bolsa con armas. La Policía le seguía por su posible participación en marzo en un intento de colocar una bomba en un lugar en el que daba un discurso el ministro de Exteriores de Irlanda, Simon Coveney, y cree podría ser un signo de que su grupo, autor de los primeros asesinatos del conflicto norirlandés en 1966, buscar regresar al terrorismo.