La bomba fronteriza heredada por Biden

El miércoles expira el plazo que la Justicia dio a la Administración Biden para dejar de aplicar el título 42 de una ley sobre salud pública y derechos civiles que Donald Trump comenzó a usar durante los peores momentos del covid para justificar la expulsión de inmigrantes sin tener en cuenta siquiera sus solicitudes de asilo político. Se calcula que cerca de dos millones y medio de personas fueron deportadas amparándose en este controvertido capítulo que está a punto de expirar. La pandemia acabó oficialmente en abril, según las directrices del Centro para Control de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, pero el Gobierno de Biden no ha podido pasar página en la frontera.

Una ristra de demandas y apelaciones a lo largo del país han tenido a las autoridades colgadas sobre el abismo del río Bravo, donde unos y otros viven entre la espada y la pared. Por un lado, el presidente prometió durante la campaña acabar con esa política «inhumana», considerada una de las más abusivas del Gobierno de Trump en materia migratoria. Por otro, con el tictac del reloj le explotará en la cara una auténtica crisis migratoria en plenas navidades. Biden ha optado por una solución salomónica: acatará la orden del juez para suspenderla el miércoles, pero a la vez ha apelado la decisión para reservarse el derecho de poder usarla en la próxima pandemia.

Del otro lado de la frontera los inmigrantes también tienen que elegir entre el menor de los muchos males que sufren. Hace ocho días unos 1.500 nicaragüenses se abalanzaron en masa por el corredor que conecta las fronterizas Ciudad Juárez, en Chihuahua, México, y El Paso, en Texas. Se bajaban de autobuses custodiados por la Guardia Nacional azteca, que acababa de liberarles de las garras del cártel de Durango. Los sicarios habían interceptado los transportes en los que viajaban desde la Ciudad de México hasta la frontera y los desviaron hasta una casa destartalada en medio de la nada, donde los tuvieron secuestrados durante una semana hasta que los militares mexicanos los liberaron. «¡Imagínate, 1.500 personas en una sola casa!», contó Óscar Sánchez a la prensa local. «Tengo el cuerpo lleno de cardenales de los golpes y patadas que me dio la gente que tenía encima». Les robaron el dinero, los pasaportes, los teléfonos móviles y todo lo que llevaban.

Los militares mexicanos los enfilaron hacia la frontera y les aconsejaron que se entregasen a las autoridades estadounidenses para pedir asilo, pero en esa cuita se encontraron con otra de las rémoras de Trump. La política conocida como 'Quedarse en México' les obliga a esperar en el lado mexicano de la peligrosa franja fronteriza hasta que su solicitud sea aprobada. El proceso puede tardar años, lo que ha generado auténticas ciudades-campamento donde sus habitantes se exponen a diario a robos, violaciones y todo tipo de vejaciones.

Además, a los nicaragüenses México no los quiere. Su compromiso es quedarse solo con los mexicanos y centroamericanos de Honduras y El Salvador. En la última negociación aceptó también a los venezolanos, pero nicaragüenses, cubanos, peruanos y de cualquier otra nacionalidad no son bienvenidos, ni en un lado ni en el otro. Biden también había prometido acabar con esa política y, aunque parezca contradictorio, debe de haber respirado cuando el jueves un tribunal de Texas decidió impedírselo.

El juez de distrito Matthew Kacsmaryk, nombrado por Trump a propuesta de la Sociedad Federalista, ha emitido una orden cautelar para proteger a las ciudades fronterizas de Texas ya desbordadas, que se encontrarán con una avalancha todavía mayor si se acaba con esta política eufemísticamente bautizada como Protocolo de Protección al Migrante. Biden ya había ganado ante el Supremo el derecho a revertirla en una ajustada sentencia de 5-4, pero al mismo tiempo el tribunal envió el caso de vuelta al juez de Amarillo para que determinase cómo se podía hacer en cumplimiento con las leyes administrativas del Estado. Ésa es la laguna legal que le ha permitido al juez Kacsmaryk determinar que eliminar el «efecto disuasorio que tiene en el cruce ilegal de la frontera y la reducción de solicitudes de asilo gratuitas» impondría un coste demasiado alto para las ciudades fronterizas.

El juez es un personaje conocido por sentencias draconianas que atacan los anticonceptivos, pero el malestar por la crisis fronteriza no se limita a los más conservadores. De hecho, el alcalde demócrata de El Paso, Óscar Leeser, y el encargado de Seguridad Pública de la ciudad, Mario D'Agostino, han apelado directamente al presidente Biden para que no revoque una medida sin la cual creen que el volumen de inmigrantes que llega a su ciudad podría doblarse a 5.000 personas diarias. «Necesitamos que nos ayuden. Esto es mucho más grande que El Paso», suplicó el alcalde.

Los albergues de la ciudad están desbordados. El 'Welcome Center', con capacidad para 85 personas, acogía el miércoles a 200, según contó John Martin, director adjunto de 'Opportunity Center', que tiene cinco albergues para sintecho en la ciudad. «Esto es caótico», lamentó. El Paso ha lidiado en el pasado con otras oleadas de inmigrantes, pero, según D'Agostino, la llegada era más gradual. «Ahora los números son insostenibles», aseguró. Según el funcionario, la ciudad de 678.000 habitantes se ha gastado desde julio pasado 9,5 millones de dólares –casi nueve millones de euros– en gestionar la crisis de migrantes, de los que el Gobierno federal solo le ha reembolsado dos.

El Gobierno de Biden dice tener un plan con el que atacar «el sistema de inmigración roto y desmantelado» que ha heredado. El documento de siete páginas hecho público el viernes contempla la contratación de 1.000 coordinadores y 2.500 subcontratados que procesen a los recién llegados, cientos de vuelos y rutas de autobuses para trasladarlos a otros puestos fronterizos menos masificados, además de un sistema de procesamiento un 30% más rápido que el año pasado. Nada de eso ha tranquilizado ni a unos ni a otros. La frontera está a punto de estallar.