Alemania quiere trabajadores extracomunitarios pero también la deportación de irregulares

Todo ello ocurre mientras se manejan cifras récord de llegadas de extranjeros aunque en circunstancias distintas. Desde el inicio de la invasión rusa, Alemania ha acogido a más de un millón de ucranianos, exentos de los farragosos procesos de solicitud de asilo, de acuerdo a la normativa europea para estos desplazados de guerra. Es un nuevo récord, tras el millón de refugiados acogidos en el país durante la crisis migratoria de 2015. A los ucranianos se suman 250.000 peticionarios de asilo de diversas procedencias llegados el último año y los 50.000 inmigrantes irregulares que se estima han entrado en el país en este periodo.

Del millón de peticionarios de asilo que Alemania recibió en 2015 y otro medio millón adicional llegados en los dos años siguientes, un tercio se ha incorporado ya al mercado laboral alemán. En lo que respecta a los ucranianos del último año, el porcentaje baja a uno de cada cuatro, según datos de la Agencia Federal de Empleo (BA). Pese a ello, se estima que Alemania precisaría de unos 400.000 trabajadores extranjeros adicionales cada año y hasta 2030. Solo así se cubriría la falta de personal en la industria, sector servicios, restauración, hospitales o escuelas, de acuerdo con la BA.

La integración de refugiados de procedencias y culturas diversas en el mercado laboral alemán no es fácil ni rápida, aunque incluso se ha rebajado ya el precepto del dominio del idioma y aliviado los procesos de homologación de títulos de estudios u oficios. El ministro del Trabajo, el socialdemócrata Hubertus Heil, es el motor de la nueva normativa para la integración de trabajadores extranjeros. Pero los resultados son hasta ahora más bien tibios.

La Alemania del canciller Scholz, al frente de su tripartito entre socialdemócratas, verdes y liberales, ya no es el país pujante que en los años 70 se atrajo a millones de 'gastarbeiter' (literalmente, trabajadores «invitados») de Italia, Portugal, España o Turquía. No solo por haber entrado este año en recesión, sino porque es un país de sueldos bajos y con un mercado laboral precario desde las duras reformas impuestas por el anterior canciller socialdemócrata, Gerhard Schröder (en el poder de 1998 a 2005). La obsesión por la austeridad de su sucesora, la conservadora Angela Merkel, que gobernó hasta 2021, hizo que no se aprovecharan los años de bonanza para poner al día infraestructuras e inversión pública. A Scholz le corresponde gobernar un país lastrado por su burocracia, donde la digitalización está en mantillas en sectores como el sanitario o la administración pública y en recesión, tras la crisis energética precipitada por la guerra en Ucrania.

Son desfases que parecen impensables en una potencia como es Alemania, a lo que se suman las presiones de los poderes regionales y municipales, desbordados en el alto y prolongado coste que conlleva la integración social y laboral de los refugiados.

Así las cosas, la ultraderecha siguen reclutando electorado entre los descontentos. Se sitúa en segunda posición en intención de voto, solo superada por el bloque de la oposición conservadora.

La reciente iniciativa anunciada por el Gobierno de Scholz para agilizar las deportaciones de irregulares no se dirige a los grandes grupos de extracomunitarios acogidos por el país. Es decir, ni a los ucranianos ni a los refugiados de otras procedencias con permiso ya de residencia o perspectivas de obtenerlo. Se dirige a los algo más de 54.000 peticionarios de asilo rechazados y que están en espera de expulsión. En el grupo están asimismo miembros de bandas del crimen organizado, así como los llamados 'lobos solitarios» del radicalismo islámico.

Es una parte del total de más de 250.000 solicitantes a los que no se reconoció el derecho al asilo, pero a los que se considera no se puede expulsar por razones humanitarias, porque su vida corre peligro en su lugar de origen o por falta de acuerdos bilaterales con las autoridades del país de procedencia.

En lo que va de año, Alemania apenas logró deportar a 12.000 de esos solicitantes rechazados. Algunos llevaban 18 meses en situación de «tolerados», en medio de la montaña de papeleo que genera cada caso. Los operativos desplegados para cada expulsión, generalmente en grupos reducidos o individuales, son el punto final de largos procesos que pueden resolverse en el último minuto porque ONGs, iglesias u otros organismos de ayuda logran presentar «in extremis» un documento que los hace inviables.

La ministra del Interior, la socialdemócrata Nancy Faeser, presentó esta semana un proyecto de ley orientado a facilitar los trámites, desburocratizarlos y ampliar los plazos en que cada uno de los afectados puede estar detenido a la espera de su expulsión, de los 10 días actuales a 27.

Alemania no es el único país europeo con este tipo de problemas. Suecia anunció estos días la expulsión del refugiado iraquí Salwan Momika, quien ha llevado a cabo reiteradas quemas públicas del Corán. Sus acciones han desatado protestas del mundo islámico y especialmente de Turquía, país del que depende aún la ratificación de Suecia como nuevo miembro de la OTAN. Momika, que tan pronto se declara ateo como cristiano o militante de la ultraderecha, es un problema para Estocolmo. Su permiso temporal de residencia expira en abril de 2024. Las autoridades migratorias han reconocido, tras anunciar su expulsión, que no podrán llevarla a cabo «de momento» por el riesgo que correría su vida de ser entregado a Irak.