La UE quiere regular el «poder censurador» de las redes

Con una administración como la de Joe Biden, a priori más alineada con la Unión Europea que la saliente de Trump, los partidarios de una regulación más estricta al otro lado del Atlántico están prestando mucha atención a la propuesta de Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) que se está cocinando en las instituciones europeas y que prevé regulaciones más estrictas para las empresas tecnológicas además de dar a los usuarios el derecho de reclamar a las plataformas que eliminan su contenido.

Su lema viene a ser: lo que es ilegal fuera de internet debe serlo también en internet. Las instituciones europeas pretenden así actualizar sus armas legales, ya que de momento se cuenta solo con una directiva vigente sobre el comercio electrónico que data del 2000. Dos años más tarde, el Google hegemónico que todos conocemos inició su gran despegue, marcando el comienzo de lo que la socióloga estadounidense Shoshana Zuboff llama «la era del capitalismo de vigilancia». A partir de ese momento, Facebook (y el resto de plataformas de la misma compañía), Twitter y Amazon lideraron en Occidente el ejército de «guardianes de acceso» que hoy deciden sobre la libertad de expresión en la red.

Si bien el presidente ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, ha defendido la decisión de bloquear la cuenta de Trump reconociendo haber sido incapaz de promover conversaciones «saludables», la canciller alemana Angela Merkel encabeza a quienes abogan por que los gobiernos, y no las plataformas privadas, sean las encargadas de regular el contenido dañino de las redes.

En Alemania la negación del Holocausto es un delito por el que las plataformas tienen 24 horas para suprimir todo comentario ilícito si no quieren ser multadas (por montos de hasta 50 millones de euros). La disparidad de opiniones no termina ahí. El Gobierno polaco, aliado natural del trumpismo, ha iniciado un proyecto de ley que prohibiría que las empresas de redes sociales eliminen publicaciones que no infrinjan la ley polaca.

Para la UE, las teorías de la conspiración pueden poner en peligro la salud y dañar la cohesión de nuestras sociedades, conducir a la violencia pública y generar malestar social. «Terceros países, en particular Rusia y China, se han involucrado en operaciones de influencia específicas y campañas de desinformación, buscando socavar el debate democrático y exacerbar la polarización social», reza el informe sobre desinformación china publicado la pasada primavera.

La propuesta presentada por la Comisión Europea prevé unificar la estrategia para lidiar con el contenido que se considere ilegal. Hasta la fecha, la UE se limitaba a proponer un código de buenas conductas contra el discurso del odio al que se suscriben las gigantes tecnológicas. Las instituciones europeas pretenden acabar con el dogma de la sección 230 de la ley estadounidense, que otorga a las empresas de medios sociales inmunidad de responsabilidad civil por el contenido publicado por sus usuarios.

Desde hace años, especialmente en esta legislatura, la Eurocámara defiende una mayor presencia pública para regular las normas digitales de la UE. «La solución no es obligar a las plataformas a regular y restringir la libertad de expresión. No deben ser las corporaciones sino las instituciones democráticas y los jueces quienes decidan suprimir o no un mensaje que consideren ilegal», consideró Kim Van Sparrentak, de los Verdes neerlandeses, en la comisión de Mercado Interno y Protección del Consumidor (IMCO) del PE que tuvo lugar el pasado lunes.

En esa misma reunión, Prabhat Agarwal, que encabeza la unidad de la Comisión Europea responsable de regular las plataformas online y el comercio electrónico, sostuvo ante los eurodiputados que «ya no es aceptable en nuestra opinión que las plataformas tomen solo determinadas decisiones clave sin ningún control, sin rendición de cuentas, sin ningún tipo de diálogo o transparencia sobre el tipo de decisiones que toman».

Desde la comisión para Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del PE se insta a la Comisión a que las medidas de retirada de contenidos solo se apliquen a los «contenidos ilícitos» por la legislación europea o nacional, y no a los «contenidos nocivos», como los bulos, protegidos por las normas en materia de libertad de expresión.

Entretanto, Bruselas avanza en la senda de la soberanía tecnológica y regulatoria con hitos como la entrada en vigor en 2018 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), sobre protección de datos de las personas físicas.