España es el único país occidental que extradita taiwaneses a China

Es lo que concluye el informe 'La caza china de ciudadanos taiwaneses en el extranjero', publicado por la ONG Safeguard Defenders tras la investigación de 600 casos. La organización denuncia que estas deportaciones violan la legislación internacional y ponen en peligro a las personas extraditadas, que no tienen acceso a asesoramiento consular ni el apoyo de familiares y amigos, ya que Taiwán es un país de facto independiente, y que son vulnerables a la violación de sus derechos fundamentales y a la tortura, base legal suficiente para negar automáticamente las solicitudes chinas. «En algunos casos, a su llegada a China incluso se les niega el contacto con funcionarios taiwaneses o con allegados», destaca el informe, que engloba las extradiciones en la estrategia que Pekín ha puesto en marcha para minar la soberanía de Taiwán, reconocida por un menguante número de países ante el auge de la segunda potencia mundial.

La ONG muestra su decepción por la colaboración de las autoridades españolas, que aún no han respondido a su petición de información, con las de China. «Estamos sorprendidos de la velocidad a la que España procesa y aprueba las peticiones de extradición, a pesar de que incluso Naciones Unidas ha advertido del peligro que eso conlleva», explica a este periódico el director de Safeguard Defenders, el sueco Peter Dahlin, que fue víctima de una confesión televisada forzada en China y ha documentado en profundidad los desmanes del régimen chino en materia de justicia.

«Y nos sorprende aún más que España asista a China en la violación de un tratado vinculante en el que se especifica que los taiwaneses deben ser extraditados a Taiwán. Nos preguntamos si el Gobierno y los tribunales son conocedores del tratado -el Acuerdo Conjunto del Estrecho para la Lucha contra el Delito y la Asistencia Judicial Mutua-, y en caso negativo, por qué», añade Dahlin.

Por su parte, China sostiene que, al no existir un reconocimiento de Taiwán como país soberano, los ciudadanos de la isla pertenecen a la República Popular China y deben ser extraditados a su territorio para su procesamiento judicial de acuerdo con la legislación de la china continental, que es significativamente diferente a la taiwanesa, donde impera un sistema democrático con separación de poderes.