Washington sanciona a Venezuela por la polémica muerte del capitán Acosta

Mnuchin reiteró que «el Departamento del Tesoro está comprometido con poner fin al trato inhumano que el antiguo régimen de (Nicolás) Maduro da a los opositores políticos, civiles inocentes y miembros del Ejército, en un esfuerzo por suprimir la disidencia».

Como resultado de las sanciones quedan congeladas todas las propiedades que la Dgcim pueda tener bajo jurisdicción estadounidense y se le prohíbe hacer transacciones financieras con cualquier persona que se encuentre en territorio norteamericano.

El 29 de junio el Gobierno de Maduro confirmó la muerte de Acosta, quien se encontraba bajo custodia de los funcionarios de la Dgcim y había sido arrestado ocho días antes por su supuesta participación en un plan para derrocar al presidente. Según su defensa y portavoces de la oposición, Acosta Arévalo fue torturado hasta la muerte y la última vez que se le vio con vida, cuando se presentó ante un tribunal militar, no podía mantenerse en pie o hablar. Dos militares de la Guardia Nacional Bolivariana han sido detenidos por su supuesta responsabilidad esa muerte.

Sin embargo, Washington considera que esos dos arrestos son insuficientes y que el fallecimiento de Acosta en circunstancias poco claras es «sólo la muestra más reciente de brutalidad llevada a cabo por una agencia notoria por sus métodos violentos».

También la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció recientemente que los servicios de Inteligencia de Venezuela han sido responsables de «detenciones arbitrarias, maltratos y tortura de opositores políticos y de sus familiares».

Anoche se conoció asimismo que agentes de las fuerzas de seguridad venezolanas habían allanado la casa de los suegros del capitán. Según informó el abogado de la familia, Alonso Medina, a través de Twitter, de acuerdo con la información proporcionada por la viuda de Acosta, Waleswka Pérez, los funcionarios se retiraron poco después.