Preocupación en el Ejército frente a un desacato de Trump

A pocas semanas de los comicios, las autoridades civiles y el público general buscan en el Ejército garantías como defensor último de la Constitución, en una situación sin precedentes en la historia de EE UU. En un país donde el papel de los militares está reservado a operaciones en el extranjero, inhibido a intervenir en asuntos domésticos, los temores a que Trump pueda involucrarles en el caos poselectoral preocrecen en el cuerpo castrense.

El general Mark A. Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto, reiteró a los legisladores su profunda creencia en el principio de un Ejército apolítico, y de no prever ningún papel en el proceso electoral. En caso de disputa, la resolución recaería por ley en los tribunales y en el Congreso. Pero las declaraciones públicas de los generales no han detenido un debate cada vez más intenso en el Ejército sobre cual sería su papel si una elección disputada provocara disturbios.

Fuentes anónimas del Pentágono han reconocido conversaciones entre el mando militar sobre la posibilidad de que Trump invoque la Ley de Insurrección y trate de enviar tropas a las calles, como ya amenazó e hizo durante las protestas contra la brutalidad policial y el racismo durante el verano. Un movimiento que puso a prueba la tolerancia del Ejército a las demandas del presidente, y al que tanto el general Milley como el secretario de Defensa Mark T. Esper, se opusieron.

En una carta abierta publicada en agosto en la web del Departamento de Defensa, dos oficiales retirados y veteranos de la guerra de Irak, John Nagl y Paul Yingling, exhortaban al general Milley a «dar la orden» y a destituir a Trump por la fuerza si se niega a dejar el cargo al finalizar su mandato.

Los funcionarios del Pentágono, que han desestimado una situación semejante, han señalado que tal tarea recaería en los Marshalls federales o en el servicio secreto. Un hipotético escenario en el que Trump ordenara intervenir al Ejército para confrontar los disturbios en caso de no acatar los resultados, provocaría, según sostiene, la renuncia de los generales de alto rango, entre ellos el general Milley.

A medida que se acerca el 3 de noviembre el dilema entre los militares es qué hacer en los casi tres meses entre el día de las elecciones y la toma de posesión el 20 de enero, en la situación hipotética de que Trump utilizara los disturbios poselectorales para arrogarse la elección. Por ahora los generales reiteran su posición de mantener alejado al Ejército.