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salvador arroyo
Miércoles, 25 de mayo 2022, 04:27
Tras cada tragedia, la misma secuencia de reacciones: lamentos públicos con voz entrecortada, lágrimas, reproches políticos, y el compromiso institucional de que se tomarán medidas. Cada crimen masivo proyecta una especie de punto de inflexión que nunca lo es. Reabre el debate perpetuo sobre el ... control de armas en Estados Unidos y este vuelve a quedar fagocitado por el bloqueo legislativo. Hasta el siguiente tiroteo. «Estoy harto de todo esto. Tenemos que actuar», lanzaba Joe Biden la noche del martes en un discurso televisado a la Nación tras confirmarse la masacre en la escuela tejana de Uvalde.
El presidente, visiblemente consternado, hacía un llamamiento a transformar el «dolor» en «acción». Y apuntaba sin eufemismos al principal responsable de la parálisis legal que vive el país. «¡Por el amor de Dios! ¿Cuándo vamos a plantarnos frente al lobby de las armas?», clamaba. Dedo acusador contra el principal grupo de presión, la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés). Pero también contra el amparo político que encuentra en el Partido Republicano, tradicionalmente contrario a modificar la Segunda Enmienda; esa norma clave de su Carta Magna que otorga a los estadounidenses la libertad de portar armas.
Ratificada a finales del siglo XVIII, en un contexto histórico sin las garantías de libertad del presente. Pero que pesa como una losa en el país del mundo con mayor número de armas de fuego per cápita (393 millones), según un informe del Small Arms Survey, un proyecto de investigación con sede en Ginebra. EE UU está dividido por la controversia, incluso geográficamente. Los estados más partidarios delimitar el control de las armas, sobre todo a personas potencialmente peligrosas, en el norte. Los más permisivos, los sureños.
Joe Biden - Presidente de EE UU. «¡En el nombre de Dios! ¿Cuándo vamos a plantarnos frente al 'lobby' de las armas?»
Fractura política y social (el 40% de los americanos reconoce tener arma de fuego en su casa, según otro estudio de la Universidad de Harvard) que apenas ha permitido avanzar con normas restrictivas algunas orientadas a extender el tiempo de comprobación de credenciales de los solicitantes (a más de veinte días) y otras a prohibir la venta al público de armas semiautomáticas como el fusil de asalto AR-15 que portaba Salvador Ramos cuando disparó contra los pequeños del colegio tejano.
«Estoy aquí para, literalmente, ponerme de rodillas e implorar a mis colegas que trabajen con nosotros para encontrar una manera de aprobar leyes para asegurarnos de que ninguna comunidad, ninguna escuela más pase por lo que vivió Sandy Hook (en aquel colegio murieron en 2012 20 niños de 6 y 7 años y seis adultos) y Uvalde». Fue el sentido llamamiento que realizó el senador demócrata Chris Murphy en una intervención en el Senado.
El mismo político, según recogen medios estadounidenses, ironizaría después con algunas de las explicaciones que los legisladores republicanos han planteado históricamente ante crímenes masivos como el del martes: que el problema estaba en los perpetradores, todos con «enfermedades mentales» y no en la facilidad con la que se accede a las armas de fuego. Otra de las sugerencias que han brotado en los últimos años: armar a los profesores para defenderse a si mismo y a sus alumnos.
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«Sabemos que las leyes sobre armas de fuego no pueden prevenir ni evitarán tragedias», insistía este miércoles Biden. El presidente se asomaba a Twiter para recordar que «cuando aprobamos la prohibición (de venta) de armas de asalto, los tiroteos masivos disminuyeron. Cuando expiró la ley, los tiroteos masivos se triplicaron», sentenció.
El líder de los republicanos en la Cámara Alta, Mitch McConnell, que calificó de «repugnante» el crimen, lo achacó a «un joven transtornado» sin hacer mención alguna a posibles movimientos para endurecer el marco legal. Dos proyectos de ley están bloqueados desde hace meses en el Senado después de ser aprobados en la Cámara de Representantes (ambas relacionadas con la verificación de antecedentes de los potenciales compradores de armas).
En declaraciones recogidas por 'The Washington Post' otro senador republicano, Bill Cassidy, insistía en la necesidad de esperar a conocer «el diagnóstico adecuado» sobre lo sucedido en Uvalde. Esperar. Hasta el siguiente drama.
La Asociación Nacional del Rifle celebrará este fin de semana en Texas, a escasos 300 kilómetros de Uvalde, su primera reunión anual tras dos años de pandemia. Será la edición número 151 de un evento que el 'lobby' promociona en su web oficial con el gancho de un discurso del expresidente Donald Trump en el Centro de Convenciones George R. Brown de Houston (la capital del Estado). «Es un verdadero honor que el presidente Trump se dirija a los miembros de la NRA por sexta vez», se congratulaba el director ejecutivo de la Asociación, Wayne LaPierre, en declaraciones a la cadena Fox News. Todo un valedor para esta organización que está considerada como la más veterana del país (se gestó en 1871 en Nueva York).
El controvertido Trump ha hecho mucho por este grupo de presión, a tenor del reconocimiento que le brinda LaPierre en esa misma entrevista: «Cumplió sus promesas al nombrar jueces que respetan y valoran la Constitución y la Declaración de Derechos y, al hacerlo, ayudó a garantizar la libertad de generaciones de estadounidenses».
En los tres días que durará este evento, además de discursos y debates, los visitantes podrán asistir a una exhibición de «las últimas armas y equipos de las compañías más populares de la industria» en una superficie de más de 56.000 metros cuadrados.
La asociación está presidida desde abril de 2019 por una mujer de Atlanta (Georgia), Carolyn Meadows -vinculada al Partido Republicano-, que tomó las riendas tras la renuncia del anterior presidente, Oliver North (una de las piezas claves del escándalo del 'Irangate' durante los años ochenta). La National Rifle Association (NRA) cuenta con más de 5,5 millones de miembros y durante años se ha visto golpeada por casos de corrupción y acusaciones de mala gestión. Su objetivo declarado: proteger la Segunda Enmienda «lo que nos lleva a casi cada uno de los niveles del gobierno local, estatal y federal para luchar batallas legislativas». A cualquier precio.
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