mercedes gallego
Corresponsal. Nueva York
Lunes, 3 de mayo 2021, 23:41
Cuatro años después de que Donald Trump decidiera separar de sus padres a los niños emigrantes que llegaban a Estados Unidos, la penosa labor para reconectarlos continúa. Al Gobierno de Joe Biden le ha costado casi cuatro meses poder anunciar el primer desenlace feliz.
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Cuatro ... familias podrán cumplir el sueño de viajar legalmente para encontrarse con sus hijos, aunque de momento el permiso que reciben es limitado y temporal. Michelle Brane, directora ejecutiva del grupo de trabajo que nombró la Casa Blanca para llevar a cabo esta tarea, aseguró ayer que buscan la manera legal para granjearles un estatus permanente. Como descubrió Melania Trump cuando lo intentó, no es fácil, porque no es potestad del Gobierno sino del Congreso.
Eso es también lo que impidió a Barack Obama hacer realidad el sueño de los niños que llegaron al país de la mano de sus padres cuando eran pequeños y han crecido asistiendo a escuelas y universidades estadounidenses, pero no pueden aceptar empleos al carecer de permisos de trabajo. La ironía es que los que Trump convirtió en huérfanos lo tendrán mucho más fácil si sus padres no los reclaman. Más de 500 siguen viviendo con familias de adopción temporal mientras Gobierno y un puñado de ONG recorren las aldeas de Centroamérica en busca de sus progenitores.
La tarea es titánica. A menudo sólo tienen un nombre y un apellido mal escritos. El número de teléfono del que disponían era de tarjeta prepago y ya no funciona. Las aldeas a las que se dirigen no tienen nombres en las calles, casi siempre gobernadas por bandas de pandilleros y narcotraficantes. Cuando les encuentran, algunos no quieren que les devuelvan a sus hijos. Ya han aceptado la pérdida y, sobre todo, saben que les aguarda un futuro más próspero si crecen en hogares estadounidenses, aunque sea con padres adoptivos. Si los devuelven a las aldeas pobres donde se recluta a los niños para formar parte de las bandas tan pronto como llegan a la adolescencia los perderán durante más tiempo. El sacrificio de estos padres que ya han derrochado muchas lágrimas en los cuatro años transcurridos es renunciar a ellos.
De ahí que el grupo de trabajo de Brane intente convencer al equipo de Biden de que la mejor opción para remediar esta injusticia histórica es traer a los padres a Estados Unidos, en lugar de llevar a los niños hasta su país de origen. Brane es hija de inmigrantes y cuando el Gobierno la reclutó trabajaba precisamente en la labor de reunificar a las familias como directora del Programa de Justicia y Derechos de los Migrantes, además de la Comisión de Mujeres Refugiadas.
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Los primeros beneficiados de sus esfuerzos son una madre hondureña, otra mexicana y dos familias guatemaltecas. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, no quiso dar detalles de sus identidades para proteger su privacidad, pero reveló que tanto la hondureña como la mexicana llevan cuatro años sin ver a sus hijos, al ser de las primeras afectadas por la política de tolerancia cero de Trump.
«Esto es sólo el principio», prometió. «Habrá más en las próximas semanas y meses». Según sus propios datos, el Gobierno ha identificado ya a más de mil familias, pero el proceso «es difícil y llevará tiempo». Cuanto más investigan más aumenta la cifra de víctimas, que cuando Biden llegó al poder era sólo de 611 niños y hoy pasa de los mil.
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Las autoridades intentan, además, minimizar el número de menores en custodia que este invierno batió cifras récord. Se congratulan de haber reducido a 20 horas el tiempo que pasan en las instalaciones de las patrullas fronterizas antes de trasladarlos a los albergues, y aun así han llegado a tener 5.700 menores en invierno. La Casa Blanca, acuciada por la presión social, anunció ayer que el número de refugiados a los que se les concederá asilo político este año aumentará de 15.000 a 62.500.
Las imágenes del naufragio hubieran sido familiares en cualquier playa del Estrecho, pero no en las de San Diego. Ayer el mar arrastró hasta la arena los restos de la embarcación que el domingo se estrelló contra los arrecifes, ahogando a tres personas y dejando empapadas a otras 27, que fueron rescatadas del mar por la guardia costera.
Entre ellas se encontraba quien dirigía la patera, que presumiblemente trasladaba a inmigrantes indocumentados hasta las costas de Estados Unidos. Las autoridades no han determinado aún sus identidades, ni siquiera el punto exacto del que partió la embarcación, pero se presume que salió de algún lugar del Estado mexicano de Baja California, desde donde el número de embarcaciones que intentan introducir a inmigrantes en el país del sueño americano aumentó un 92% el año pasado en comparación a 2019.
El muro visible e invisible que erigió Donald Trump en la frontera ha forzado a los más desesperados a buscar rutas incluso más peligrosas que las del desierto. Entre 2009 y 2019, apenas 6.500 personas habían sido detenidas por entrar ilegalmente al país por mar, en comparación a 172.000 por tierra sólo durante marzo.
Se cree que el oleaje del Pacífico lanzó el precario bote de madera contra los arrecifes, dejando una marea de tablones de colores hechos añicos en la zona de Punta Loma. «Se trata de un área muy rocosa», observó en la escena el jefe de bomberos José Ysea. «El mar estaba muy revuelto ese día. Lo más probable es que las olas la vapulearon y arrojaron contra los arrecifes hasta hacerla pedazos», explicó.
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