Biden despliega las fuerzas armadas para frenar la covid

El secretario de Defensa, Lloyd Austin, y la directora de la Agencia Federal de Emergencias, Deanne Criswell, flanquearon al comandante en jefe para demostrar que el Ejército y la sociedad civil están dispuestos a trabajar codo con codo en la lucha contra este enemigo invisible.

Desde que ómicron apareció en Sudáfrica, más de 14.000 soldados de la Guardia Nacional se han desplegado por todo el país para redoblar los esfuerzos de vacunación y pruebas de diagnóstico. Todo ello financiado con las partidas del Plan de Rescate Americano aprobado por el congreso a petición de Biden nada más llegar al poder. Aún así, no se ha podido impedir que la variante más contagiosa del covid prenda como la pólvora.

La cuestión es impedir que los contagios se conviertan en casos críticos que saturen el sistema hospitalario. Para eso el presidente planea distribuir mascarillas gratis de calidad –K95– a través de una página web. Los estadounidenses podrán requerir también test de diagnóstico gratis y los seguros médicos deberán financiar hasta ocho por persona al mes. El Gobierno distribuirá diez millones de test cada mes a través de los colegios para que los alumnos puedan seguir acudiendo a clase.

Biden prometió seguir usando su voz al apelar a la conciencia de las grandes empresas para que exijan la vacunación a sus empleados, después de que el Tribunal Supremo tumbase ayer el mandato obligatorio que había emitido a través de la Administración de Seguridad y Salud Laboral (OSHA, por sus siglas en inglés). La mayoría conservadora ha permitido que el mandato sea obligatorio para los centros médicos que reciben fondos federales, pero considera que el covid no es un riesgo laboral al poder contraerse en otros ámbitos de la vida cotidiana. «Permitir que OSHA regule los peligros de la vida diaria -solo porque la mayor parte de los estadounidenses tienen trabajos y enfrentan los mismos riesgos mientras fichan- sería expandir significativamente su capacidad regulatoria sin una autorización clara del Congreso», determinaron los jueces en su sentencia.