EE UU tilda de «injustificada» la investigación por crímenes de guerra en Afganistán

Ante las preguntas de los periodistas sobre las críticas del Ejecutivo estadounidense a otros países que se han negado a reconocer el TPI, ha explicado que "Estados Unidos cuenta con un robusto sistema de rendición de cuentas". "Hemos colaborado con el TPI y hemos apoyado investigaciones del TPI en casos que creemos que adelantan los valores según la ley estadounidense", ha señalado. Así, ha reiterado que Estados Unidos "tiene unos sistemas de rendición de cuentas que son más que suficientes". "No somos firmantes del Estatuto de Roma, no somos miembro. Tenemos nuestro sistema de rendición de cuentas", ha remachado. Estados Unidos sí es firmante del Estatuto de Roma -instrumento constitutivo del TPI-, si bien no lo ha ratificado. Estados Unidos, al igual que Sudán e Israel, han informado a Naciones Unidas de que no tienen intención de ser estados parte.

Las palabras de Trudeau han llegado un día después de que el TPI publicara un documento en el que sus fiscales sostenían que "la información disponible supone una base razonable para creer que, durante los interrogatorios de los detenidos (...) miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y de la CIA recurrieron a técnicas que equivalen a crímenes de guerra".

Informe

Así, los fiscales detallaron que "miembros de las Fuerzas Armadas parecen haber sometido al menos a 61 detenidos a torturas (...) entre el 1 de mayo de 2003 y el 31 de diciembre de 2014", añadiendo que "la mayoría de los abusos habrían tenido lugar en 2003 y 2004".

"Miembros de la CIA habrían sometido al menos a 27 detenidos a torturas (...) en el territorio de Afganistán y otros estados parte del Estatuto de Roma -principalmente Polonia, Rumanía y Lituania- entre diciembre de 2002 y marzo de 2008", manifestaron. "La mayoría de los abusos habrían tenido lugar entre 2003 y 2004", puntualizaron, mismo espacio temporal de la mayoría de los supuestos abusos cometidos por las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Los fiscales apuntaron además que "estos presuntos crímenes no fueron abusos de unos pocos individuos", argumentando que "parecen haber sido cometidos como parte de técnicas de interrogatorio aprobadas en un intento por extraer 'datos de Inteligencia' a los detenidos". "La oficina considera que hay una base razonable para creer que estos presuntos crímenes fueron cometidos en aplicación de una política o políticas destinadas a sonsacar información a través del uso de técnicas de interrogatorio que incluían métodos crueles o violentos que apoyarían los objetivos de Estados Unidos en el conflicto en Afganistán", explicaron.

Crímenes por parte de los talibán y las fuerzas afganas

El documento apunta también a la existencia de pruebas sobre la comisión de crímenes de guerra por parte de los talibán y las fuerzas de seguridad de Afganistán. En concreto, los fiscales responsabilizaron a los talibán y sus grupos afiliados de ser responsables de la muerte de más de 17.000 civiles entre enero de 2007 y diciembre de 2015. "Desde mayo de 2003, los grupos insurgentes han sido presuntos responsables de numerosos ataques contra objetos protegidos, incluidas escuelas, oficinas gubernamentales, hospitales, mausoleos, mezquitas y organizaciones humanitarias", recogieron. "Hay una base razonable para creer que los talibán y sus afiliados han cometidos los crímenes de asesinato, encarcelamiento o privación de la libertad física, y persecución contra grupos o colectividades por motivos políticos o de género", detallaron.

En el caso de las fuerzas de seguridad, los fiscales del TPI señalaron que "múltiples fuentes han informado sobre la existencia de torturas en los centros de detención del Gobierno afgano". "Esta conducta refleja un patrón de presunta criminalidad que se retrotrae al comienzo del conflicto en 1978, momento desde el cual persiste un estado de total impunidad", argumentaron. En este sentido, indicaron que "se calcula que entre el 35 y el 50% de los detenidos por su relación con el conflicto son sometidos a torturas en los centros de detención de Afganistán". "Existe una base razonable para creer que las autoridades afganas han cometido crímenes de guerra por tortura, tratos crueles y violación", remacharon.

Por último, los fiscales del TPI recalcaron que, una vez analizados los casos, y dada la gravedad de los crímenes y los intereses de las víctimas, "no hay razones de peso para creer que la apertura de una investigación no irá a favor del interés de la Justicia".