El Supremo de EE UU evalúa la política migratoria de Obama

"Creo que el muro estará completo en dos años desde el momento en el que comencemos, así que tenemos que empezar rápido", dijo en febrero Donald Trump, aspirante a la nominación presidencial republicana, que quiere construir un muro en la frontera con México y deportar a todos los indocumentados que viven en EE UU.

Con este clima de fondo, los jueces estudian la legitimidad de las acciones ejecutivas que Obama proclamó en noviembre de 2014 y que fueron bloqueadas un día antes de entrar en vigor a petición de una coalición de estados, liderados por Texas y en su mayoría con gobernadores republicanos.

Durante la audiencia, el Gobierno de EE UU ha defendido las medidas migratorias dictadas por Obama para frenar la deportación de cinco millones de indocumentados, y el abogado de tres madres inmigrantes ha acusado a Texas de actuar contra esas acciones por motivos "políticos". "No estamos tratando de cambiar el estatus legal de nadie en Estados Unidos", ha argumentado Donald Verrilli, el abogado del Estado. "No estamos actuando directamente en contra de Texas, estamos clasificando a los inmigrantes" según si deben ser deportados o no, ha subrayado Verrilli.

Los magistrados conservadores Samuel Alito y Anthony Kennedy se han mostrado escépticos respecto a la posibilidad de que, igual que Obama ha decidido detener ahora la deportación de estos cinco millones de personas, pueda decidir en un futuro no expulsar a ninguno de los 11,5 millones de indocumentados que hay en el país. Verrilli ha respondido que eso podría suscitar una demanda, porque no se estaría actuando frente a los inmigrantes que cometen crímenes, pero ha remarcado que no es ese el objetivo de las acciones actuales.

La juez de inclinación progresista Ruth Bader Ginsburg ha opinado que "inevitablemente hay que plantear prioridades" a la hora de deportar o no a los indocumentados del país, mientras que la magistrada hispana Sonia Sotomayor ha recordado que hay pocos recursos financieros para llevar a cabo esas expulsiones.

¿Extralimitación de poderes?

En la audiencia también ha intervenido un abogado del Fondo Mexicano-Americano de Defensa Legal y Educación (Maldef), Thomas Sáenz, que representa a tres mujeres indocumentadas de Texas y que podrían acogerse a uno de los programas proclamados por Obama. Sáenz ha argumentado que "el propio estado" en el que viven esas mujeres ha bloqueado la aplicación de las medidas con motivaciones "políticas" y con el argumento de "un daño presupuestario que es indirecto y basado en especulaciones".

En la segunda parte de la audiencia ha intervenido un letrado que representa a la mayoría republicana de la Cámara Baja, que sostiene que Obama se extralimitó en su poder porque solo el Congreso tiene capacidad para cambiar las leyes migratorias.

Pieza clave del legado de Obama

Obama se comprometió por primera vez en 2008 a cambiar el sistema migratorio y decidió actuar unilateralmente en 2014 ante la imposibilidad de sacar adelante en el Congreso una reforma al respecto.

Consciente de que se juega uno de sus mayores legados en política interna, el Gobierno de Obama defiende su poder para proclamar las medidas y pone de ejemplo a dos expresidentes republicanos, Ronald Reagan y George H. W. Bush, quienes proclamaron acciones similares en el pasado.

Las medidas migratorias del presidente han recibido el apoyo de un grupo de 60 empresarios liderado por el creador de la red social Facebook, Mark Zuckerberg, y que han presentado ante la corte unos documentos judiciales independientes. Del mismo modo, una coalición de 224 organizaciones defensoras de los inmigrantes ha presentado un escrito en el que narran la historia de éxito de diferentes indocumentados como Jose Antonio Vargas, de origen filipino y ganador de un premio Pulitzer en 2008.

Movilizaciones a las puertas del Supremo

La audiencia despierta tanta expectación que este lunes, en una manifestación frente al Tribunal Supremo, el Movimiento para una Reforma Migratoria Justa esperaba reunir a más de 3.500 personas. La batalla política del exterior se ha trasladado al interior de la corte, donde han tomado asiento legisladores tanto del bando republicano como del demócrata. Frente a ellos, solo ocho de los nueve jueces con cargos vitalicios que deben componer el Supremo, dividido en cuatro conservadores y cuatro progresistas debido a la inesperada muerte en febrero del juez conservador Antonin Scalia.

El dictamen llegará en junio y, si empatan, los magistrados tienen la opción de dejar en vigor el veredicto de la corte inmediatamente inferior, lo que perjudicaría a Obama, o decidir que el caso vuelva a argumentarse ante el Supremo una vez que un nuevo juez se incorpore a la corte.

Y en medio de la retórica antiinmigrante que ha impregnado la campaña electoral en EE UU, a muchos les preocupa el hecho de que, incluso si el Supremo da la razón a Obama, el presidente que llegue al poder en enero podría poner fin a esas medidas migratorias.

El explosivo escenario promete poner encima del tablero uno de los problemas sociopolíticos más complejos de EE UU, un "país de inmigrantes" que reguló por primera vez su sistema migratorio con el Acta de naturalización de 1790, que confería la ciudadanía solo a las "personas blancas libres" y de "buena moral". Desde entonces, la ley ha evolucionado al ritmo que marcaban los tiempos y ahora queda por ver cómo la rama legislativa, ejecutiva y judicial definirán la relación entre EE UU y sus inmigrantes indocumentados que, como muchos antes, cruzaron mares o desiertos por la promesa de una vida mejor.