El doble juego de las milicias libias: de traficante de inmigrantes a jefe de la Guardia Costera

Aunque el ministro pedía el pasado sábado la detención de Bija, el martes un funcionario de la Guardia Costera libia negaba a la agencia Nova que exista una orden de arresto y aseguraba incluso que hay negociaciones abiertas con el Gobierno de Fayez al Sarraj, reconocido por la comunidad internacional, para sacar su nombre de la 'lista negra' de Naciones Unidas. Bija es uno de los grandes apoyos de Sarraj en la guerra civil que le enfrenta con el general Jalifa Haftar, hombre fuerte de la zona oriental del país. El traficante de seres humanos incluso participó en 2017 en una cumbre en Italia con miembros de los servicios de seguridad y funcionarios de la Organización Internacional para las Migraciones, como desveló el diario italiano 'Avvenire'.

El retorno de Bija al cargo que, según 'La Repubblica', ya ocupó desde 2015 hasta junio de 2018, supondría el último desafío de Trípoli tanto a la ONU como a la Unión Europea. Por medio de Italia, Bruselas ha gastado 150 millones de euros desde 2017 en los grupos armados del país norteafricano para que eviten que los indocumentados crucen el Canal de Sicilia para llegar al Viejo Continente. La rehabilitación de Bija tiene además lugar a las puertas de que, el próximo sábado, se produzca la renovación automática del acuerdo migratorio entre Italia y Libia. El pacto incluiría una disposición aprobada por Sarraj el pasado 15 de septiembre y divulgada este miércoles por la prensa italiana que, de facto, prohíbe que las ONG realicen operaciones en su zona de rescate, un área mucho más amplia que sus aguas territoriales. Las organizaciones humanitarias precisarían de una autorización de Trípoli y tendrían que entregar al país norteafricano los barcos y motores utilizados por los inmigrantes.

«Es un acto más para obstaculizar y criminalizar los salvamentos en el mar», denuncia Filippo Miraglia, responsable de la ONG Arci, que desveló la polémica disposición del Gobierno de Sarraj. «La llamada Guardia Costera libia no es más que una mezcla de militares y traficantes a los que sólo les interesan sus negocios», asegura Miraglia. Otras organizaciones como Oxfam también han puesto el grito en el cielo y exigen no entregar nuevos fondos europeos a Libia, pues el acuerdo actual consiente las violaciones de los derechos humanos y la existencia de campos de concentración para inmigrantes.