El Parlamento británico constata que el 'brexit' ha generado más costes, retrasos y burocracia

«El único impacto detectable hasta el momento es el aumento de costes y de papeleo, además de retrasos en la frontera», sentencia Meg Hillier, presidenta del comité. El informe, 'La salida de la Unión Europea: la frontera británica después de la transición', advierte además de un probable empeoramiento de la situación en puertos y aeropuertos británicos a medida que se levanten las restricciones de viajes y se normalice el tráfico de mercancías afectado por la pandemia. A la recuperación del coronavirus hay que añadir la introducción este año de un nuevo sistema aduanero y de pasaportes para entrar en la UE y la ejecución por parte del Reino Unido de los controles aduaneros que ha ido retrasando desde la consumación definitiva del 'brexit' en enero de 2021.

El comité saca a la luz «grandes promesas» de la campaña del 'Fuera de la UE' del referéndum de 2016, con el primer ministro Boris Johnson en cabeza de cartel, que no se han materializado, ya sea en cuanto a ventajas competitivas para el sector empresarial o de liberación económica en general. También expresa inquietud ante la falta de preparación y de distribución de ayudas a las PYMES para lidiar con los trámites y costes adicionales del comercio con la UE. «Ya es hora de que el Gobierno sea honesto sobre los problemas en vez de lanzar promesas exageradas», declara la presidenta.

El panel de diputados de distintos partidos ridiculiza la promesa del Ejecutivo conservador de que creará la «frontera más efectiva del mundo» para 2025 y recomienda centrarse en reformas necesarias a más corto plazo. Admite en el informe que la «ambición es notable» pero también «optimista dado el estado de las cosas hoy día». «Es obvio que los negocios del Reino Unido afrontan gastos y trámites administrativos adicionales cuando comercian con la UE», constata el documento. Muchas empresas comienzan ya a contratar a agentes de aduanas para tramitar las nuevas trabas fronterizas y otros requisitos extras, como el pago de aranceles en productos de la UE que no superen la prueba de «normas de origen» por cada ingrediente y componente.

Los transportistas europeos tropezarán también con nuevos obstáculos al intentar cruzar el canal de la Mancha. El Gobierno británico retrasó en tres ocasiones la introducción de las inspecciones y controles de mercancías importadas, pero ahora tiene «mucha confianza» de que los ejecutará en distintas fases hasta noviembre. El comité duda de este último compromiso porque, según descubre en su investigación, «queda mucho por hacer» y aún faltan «estructuras y mano de obra». Proyecciones efectuadas por la Hacienda británica en 2019 estiman el sobrecoste de las nuevas regulaciones fronterizas en 15.000 millones anuales de libras (unos 18.000 millones de euros) para el conjunto de la UE y el Reino Unido.

«Mucho más se debe hacer para asegurar que comerciantes y transportistas de los 27 países europeos estén preparados para los controles de importación británicos», advierte el comité parlamentario. En el primer año de 'brexit', las fronteras británicas se han mantenido prácticamente abiertas para asegurar el suministro de verduras o naranjas españolas, quesos franceses y pasta italiana en los supermercados. El Gobierno calcula que el 85% de las importaciones desde la UE las gestionan grandes comerciantes acostumbrados a vender sus productos por medio mundo. La campaña se enfoca en el 15% restante -unos 90.000- que está menos familiarizado con las trabas burocráticas del 'brexit'.