Bruselas cumple con su amenaza y expedienta a Reino Unido

Lo más importante es que no tiene un efecto automático, no resquebraja irremediablemente una negociación que, por otra parte, continúa sin aportar avances. El paso dado por Bruselas concede, de entrada, un mes a Londres para que se explique, para que enmiende la situación. Si no lo hace, existiría aún un paso intermedio (con un periodo para el diálogo de similar duración) tras la presentación de un dictamen motivado en el que los servicios jurídicos subrayarían la naturaleza de los incumplimientos. En la fase definitiva, el embrollo terminaría en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y ahí no hay calendario posible.

La carta con el 'aviso' hace hincapié en que el artículo 5 del Acuerdo de Retirada establece que la Unión Europea y el Reino Unido deben adoptar todas las medidas apropiadas «para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Acuerdo y abstenerse de toda medida que pueda poner en peligro la consecución de dichos objetivos». La cooperación de buena fe es la base. Y ésta se resquebrajó el pasado 9 de septiembre, cuando el Gobierno de Johnson presentó su 'Ley sobre el mercado interior del Reino Unido' que supone una «violación flagrante» del Protocolo sobre Irlanda e Irlanda del Norte. En síntesis, ese marco jurídico permitiría a las autoridades británicas esquivar el citado protocolo.

Bruselas ha pedido a Londres que retire su polémica norma y Londres ha hecho caso omiso. Es más, el proceso sigue su curso y «en caso de adoptarse el proyecto de ley, impediría la aplicación del Acuerdo de Retirada». Pero nadie se levanta de la mesa de negociación. La reacción de Bruselas tiene más un fondo estratégico, ganar tiempo.

«La aplicación completa y efectiva del Acuerdo de Retirada siempre será una prioridad absoluta para la UE. Es el resultado de largas negociaciones y la única manera de proteger el Acuerdo de Viernes Santo, garantizando la paz y la estabilidad en la isla de Irlanda», destacó el jefe negociador europeo, Michel Barnier.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, se expresó en el mismo sentido en una alocución en video: «Ese proyecto de ley rompe la obligación de buena fe que se recoge en el Acuerdo de Retirada».