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rafael m. mañueco
Corresponsal. Moscú
Martes, 23 de noviembre 2021, 19:06
Ante el rechazo del Gobierno alemán a hacerse cargo de los 2.000 migrantes que ahora mismo se encuentra en un centro de acogida cercano a la frontera con Polonia, junto a la ciudad de Grodno, y la eficacia de las fuerzas polacas en impedir ... que atraviesen la frontera, las autoridades bielorrusas empiezan a contemplar la situación como un problema. Temen que los ilegales se atrincheren indefinidamente en el almacén de logística que se habilitó la semana pasada para salvarles del frío y de la falta de alimentos.
Alexéi Begún, jefe del Departamento de Migración del Ministerio del Interior de Bielorrusia, reconoció este martes en declaraciones a la prensa que «las personas que se encuentran actualmente en la frontera entre Bielorrusia y Polonia –los 2.000 confinados en el centro de acogida- no han solicitado a las autoridades competentes el estatus de refugiado o protección subsidiaria». Según sus palabras, «estos migrantes lo que desean con insistencia es trasladarse a los países de la Unión Europea (…) muchos de ellos tienen familiares en Alemania».
«En el momento actual, representantes de ACNUR –la Agencia de la ONU para los Refugiados- están en Bielorrusia manteniendo reuniones con organismos gubernamentales para desarrollar medidas conjuntas que permitan resolver esta crisis migratoria», aseguró Begún. A su juicio, se trata de «retornar a sus lugares de origen a quienes lo soliciten o, para los que no deseen volver, encontrar un tercer país que quiera acogerles».
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El responsable bielorruso subrayó que los migrantes no quieren quedarse en Bielorrusia y, en particular los 2.000 de la frontera que el presidente Alexánder Lukashenko pidió la semana pasada a la canciller germana, Angela Merkel, que los admita a través de un «corredor humanitario», salgan lo antes posible hacia Alemania. Lukashenko propuso antes de hablar con Merkel organizar varios vuelos desde Minsk a Múnich.
Por ahora, la respuesta de Berlín ha sido negativa. De ahí el miedo de la dirección bielorrusa a que la estancia de los migrantes en el país se eternice y que su posible deportación conlleve desórdenes y expulsiones forzadas. La portavoz de la Presidencia bielorrusa, Natalia Eismont, afirmó el pasado jueves que en el país hay unos 7.000 migrantes procedentes de Siria, Irak, Afganistán y Libia de los que 5.000 irán siendo repatriados a sus países de origen.
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El primer avión de regreso a Irak partió el jueves desde Minsk con unos 400 migrantes y está previsto un segundo vuelo antes de final de mes. Begún informó este martes que el lunes 118 migrantes abandonaron Bielorrusia y un grupo similar de personas lo hará en breve.
Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Ned Price, ha condenado que «el régimen –de Lukashenko- propicia de forma inhumana la migración irregular a través de sus fronteras». Price ha adelantado que la nueva tanda de sanciones que está en preparación pretende lograr que las autoridades bielorrusas «pongan fin inmediatamente a su campaña de orquestar flujos migratorios mediante la coacción». Según sus palabras, se trata de conseguir que Lukashenko «rinda cuentas por estas acciones híbridas, pero también por sus ataques contra los Derechos Humanos, las normas internacionales y la democracia o lo que queda de ella dentro de Bielorrusia».
El ultimátum lanzado por el gigante energético ruso, Gazprom, para que Moldavia, el país más pobre de Europa, pague inmediatamente 60 millones de euros, de una deuda total de unos 600 millones, por suministros anteriores, vence este miércoles. Si las autoridades de Chisinau no saldan la deuda Gazprom podría cortar el fluido de gas en medio de la actual ola de frío polar y en un contexto general de crisis energética.
La amenaza fue lanzada el lunes y se dieron solamente 48 horas para que los moldavos se pusieran al día de los pagos, avisó el portavoz de la compañía rusa, Serguéi Kupriánov. Según sus palabras, pronunciadas en declaraciones a la televisión rusa NTV, «en Gazprom hay una profunda decepción debido a que Moldavia no cumple con sus compromisos contractuales«.
Sin embargo, el primer ministro moldavo, Andrei Spinu, sostiene que su Gobierno «cumplirá sus obligaciones« ayudando a la empresa local Moldovagaz a pagar la deuda acumulada. El Parlamento moldavo deberá decidir el jueves en relación con la asignación de fondos presupuestarios para reembolsar la deuda a Gazprom, pero podría ser ya tarde.
El pasado 1 de noviembre, Gazprom restableció el suministro de gas a Moldavia después de un tira y afloja con el nuevo contrato, que al final se prorrogó para los próximos cinco años, aunque bajo la condición de saldar la deuda pendiente.
Las tensiones entre Chisinau y Moscú hicieron que el Gobierno moldavo llegase a declarar el estado de emergencia nacional por espacio de 30 días por si fracasaran las negociones con Rusia y se agravase la crisis energética. Las conversaciones, que tuvieron lugar en San Petersburgo a finales de octubre, fueron muy tensas y duraron tres días.
El problema es que Gazprom subió inesperadamente los precios, lo que cogió por sorpresa a los dirigentes moldavos. Moldavia, un país pobre y con algo más de dos millones y medio de habitantes, recibe el gas ruso a través de Ucrania, que pasa a su vez por la región separatista de Transnistria.
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