Las barreras del 'brexit' crispan al unionismo

Pero esos desequilibrios y costes no provocan los sentimientos que aviva un cambio que entrará en vigor este lunes. Un transportista que quiera embarcar con un cargamento de salchichas refrigeradas en las costas de Inglaterra, Gales o Escocia con rumbo a Irlanda del Norte tendrá que presentar en el puerto un Certificado Sanitario de Exportación.

Que productos procedentes de una parte de Reino Unido sean exportados cuando se envían a otro lugar del país es consecuencia de la especial estructura de la provincia en el Acuerdo de Retirada, firmado en octubre de 2019 por el Gobierno de Boris Johnson con la Unión Europea. Es también un símbolo chocante de su nuevo estatus para unionistas probritánicos, que son mayoría en la región.

Las fracturas históricas justificaron que la UE aceptase en un Protocolo especial que la región forme parte de Reino Unido y al mismo tiempo de la unión aduanera comunitaria, compartida con la república del sur. Por eso, la entrada de salchichas, plantas y otros bienes procedentes de la otra costa del mar de Irlanda exige trámites de importación que la UE aplica a productos de países que no son miembros.

Recientes inversiones y acuerdos comerciales enfocados al mercado europeo indican que la región podría beneficiarse de sus nuevas circunstancias, como expresó en enero su ministra principal, Arlene Foster. Pero la líder unionista fue acallada por colegas más radicales, el inicio del 'brexit' complicó el abastecimiento a supermercados y la aparición de grafiti amenazando a empleados de aduanas en el puerto de Larne llevó a su retirada temporal.

Este mes se han colgado en postes de luz cientos de pasquines exigiendo la eliminación del Protocolo. Sammy Wilson, diputado del Partido Democrático Unionista (DUP), ya expresó el malestar del unionismo radical en diciembre, en la Cámara de los Comunes. «Yo soy cien por cien británico y quiero permanecer cien por cien británico. Estoy contra el Acuerdo porque reduce mi britanidad», proclamó.

La Comisión Europea agravó ese malestar anunciando el 29 de enero la activación del mecanismo de urgencia para suspender el Protocolo. Quería evitar que Irlanda del Norte se convirtiese en una vía para la entrada de vacunas en Reino Unido, después de que fuese informada por AstraZeneca de una drástica reducción del suministro comprometido.

En las cinco horas que transcurrieron entre el anuncio de la suspensión y su retirada, la UE pareció dispuesta a imponer controles fronterizos entre Irlanda e Irlanda del Norte. Evitar esos controles fue precisamente el objetivo declarado de los negociadores comunitarios del Acuerdo. «No se debe subestimar la furia que causó en Dublín», decía esta semana el diputado irlandés Neale Richmond.

El vicepresidente de la Comisión, Maros Sefcovic, responsable de la gestión del Protocolo, ha expresado el «profundo lamento» por aquella decisión temporal en los encuentros que ha mantenido esta semana con políticos, empresarios y representantes de la sociedad civil en las dos Irlandas. El eslovaco ha prometido flexibilidad para aplicar las reglas, pero no contempla su retirada.

Boris Johnson, que ya se comprometió a quebrar la ley internacional del Protocolo durante la negociación del Acuerdo de Cooperación y Comercio, se ha sentido legitimado para anunciar que él sí está dispuesto a invocar el mecanismo urgente de suspensión si la situación empeora. Y ha nombrado como ministro del Brexit a David Frost, el diplomático con reputación de hostil que negoció el acuerdo.

Lo que ocurre es consecuencia de decisiones de Johnson y Frost. Primando un acuerdo comercial de mínimos, crearon la necesidad de una frontera entre las dos Irlandas o de un estatus especial para el Norte. El primer ministro prometió antes y después que no habría controles entre Gran Bretaña y la provincia. Y se negó a extender la transición, dejando solo días para el aprendizaje de estas 'exportaciones' internas.

Los empresarios norirlandeses se están adaptando a los cambios y creen que los mecanismos del Protocolo pueden funcionar. Piden que se impulse la formación de las empresas británicas sobre los nuevos trámites. Propusieron a Sefcovic medidas concretas para aliviar la presión actual. En el horizonte político, hay una elecciones autonómicas en 2022. La nueva Asamblea autonómica tendría que dar su consentimiento a la continuidad del Protocolo en 2025.