Bajo la sombra de Trump

Estados Unidos se juega probablemente la democracia este próximo martes en las urnas. O al menos así lo cree el presidente Joe Biden. En 2020, unos cuantos hombres justos a cargo de las elecciones en un puñado de estados –Pensilvania, Michigan, Nevada y Arizona– salvaron 'in extremis' su victoria. Este martes los seguidores de Donald Trump, que aún niegan su derrota, aspiran a reemplazar a todos ellos y preparar una alfombra roja para que su amado líder puede regresar a la Casa Blanca en 2024.

Será el segundo asalto de lo que sucedió hace solo dos años, cuando Estados Unidos estuvo cerca de un golpe de estado. Donald Trump, ya lo advirtió su abogado Michael Cohen al sincerarse ante el Congreso, no iba a aceptar «una transición pacífica». Hay gente que oye la llamada y otros que la graban. Brad Raffensperger lo hizo el 2 de enero de 2021. Cuando la Casa Blanca le convocó a una conversación telefónica con el presidente, el secretario de Estado de Georgia podía imaginarse el asunto. Desde que certificó los resultados electorales del Estado en favor de Joe Biden, el funcionario republicano de 68 años había recibido todo tipo de presiones y amenazas de miembros de su propio partido, a menudo mensajeros de Trump. La grabación sería su seguro de vida.

No tardó mucho en necesitarla. Al día siguiente Trump se asomó a su cuenta de Twitter para acusarle de «no querer o no poder responderle a sus preguntas» sobre el presunto fraude electoral que según él se había cometido en Georgia. En lugar de desmentirlo, Raffensperger hizo pública la conversación en la que el presidente le amenazaba con «sufrir una investigación criminal» si no le «encontraba» los 11.780 votos que necesitaba para vencer a Biden. «No podemos dejar que te ocurra eso», se le oye decir. Era su voz, pero también su estilo de frases crípticas en las que dice sin decir, como los jefes de la mafia.

Aquella llamada cambió el rumbo de la historia. Raffensperger no era un héroe de la oposición. El año antes la candidata demócrata a gobernadora, Stacey Abrams, le había acusado de eliminar a 300.000 votantes afroamericanos del censo, y la Asociación de Funcionarios Electos Latinos de Georgia le había demandado por no haber impreso en español las instrucciones del voto por correo. Con todo, tanto en la política como en la vida hay líneas que no estaba dispuesto a cruzar, ni aunque se lo pidiera su presidente y candidato.

La grabación sirvió de base para el segundo juicio de 'impeachment' contra Donald Trump y la investigación penal que aún se lleva a cabo ante un gran jurado de Georgia. Sin ella no se habría podido probar que el presidente y sus acólitos presionaron durante casi dos meses a los funcionarios electorales de cuatro estados clave –Pensilvania, Michigan, Nevada y Arizona–, todos ellos con resultados tan ajustados que un pequeño vuelco podría haberle dado la victoria que ansiaba. Los mismos «estados bisagra» que cada cuatro años resultan clave para decidir la presidencia y que este próximo martes decidirán quiénes son sus nuevos secretarios de Estado, un puesto oscuro y burocrático que supervisa los procesos electorales.

Maggie Toulouse de Oliver, que ostenta ese cargo en Nuevo México, recibió en 2020 tantas amenazas que ese año tuvo que mudarse de casa y pasar fuera las navidades para proteger a su familia. «Fue algo totalmente sin precedentes y absolutamente aterrador», contó.

Después de perder todas y cada una de las 63 demandas que presentó en seis estados, algunas a manos de jueces que él mismo nombró, a Donald Trump no le quedaba más que convencer a su vicepresidente Mike Pence para que impugnase los resultados durante la certificación de las elecciones que hacía el Congreso el 6 de enero, o lanzar a sus hordas contra el Capitolio. «Mike Pence nos falló», tuiteó ese día mientras miles de personas se abalanzaban como vikingos contra los legisladores al grito de «¡Ahorquemos a Mike Pence!». Si aquella insurrección fracasó fue porque la cúpula militar decidió mandar a la Guardia Nacional al rescate del Capitolio, en contra del mensaje pasivo que le llegaba de la Casa Blanca.

Desde que abandonó la mansión en helicóptero el 20 de enero de 2021, Donald Trump no ha parado de tramar su vuelta al poder. Un puñado de hombres que supieron poner la verdad por encima del partido cambiaron el curso de la historia y detuvieron un golpe de estado a cámara lenta. Para las próximas presidenciales de 2024, a las que «probablemente tendrá que presentarse para que el país vuelva a ser seguro, exitoso y glorioso», ha dicho, no encontrará tanta resistencia. Se ha vengado de los diez disputados republicanos que votaron contra él en aquel 'impeachment' –solo uno ha logrado vencer al rival que le puso en primarias– y este martes planea consolidar la purga. Se trata de desplegar todos los peones sobre el tablero para dar jaque al rey cuando llegue el momento.

En las papeletas de todo el país se juegan, además de la Cámara Baja y un tercio del Senado, 36 gobernadores, 30 fiscales generales, 27 secretarios de estado y unos diez mil de cargos menores. O sea, los puestos que supervisarán las elecciones presidenciales en 2024. Un informe del 'think tank' Brookings Institution ha identificado entre ellos a 345 negacionistas que han incorporado a su campaña lo que llama 'La Gran Mentira' de que a Trump le robaron las elecciones. «Si resultan elegidos, tendrán mucho que decir sobre cómo se celebrarán las elecciones de sus estados en el futuro», advierte.

En Arizona, donde en 2020 la secretaria de Estado demócrata, Kattie Hobs, llevó a cabo bajo presión del Senado republicano una auditoría «más pensada en validar teorías de la conspiración que en contar los votos», las encuestas dan como ganador por un solo punto a Mark Finchen, un seguidor de Trump que no solo niega la victoria de Biden sino que cree que debe ser «descertificado» y promete oponerse en el futuro a otras victorias demócratas que considere «fraudulentas».

Le acompañarán en la papeleta del Partido Republicano la candidata a gobernadora Kari Lake, otra negacionista de Trump que incluso se rumorea como su pareja presidencial, y Blake Masters, que acaba de superar en las encuestas al actual senador Mark Kelly, un famoso ex astronauta casado con la congresista Gabrielle Giffords, a la que un desequilibrado pegó un tiro en la cabeza en 2011.

Nadie podría decir que Masters no es un buen súbdito, pero el jefe busca incondicionales. En su página web se define como «cristiano, marido, padre, propietario de armas y hombre de negocios». Es, presume, «el verdadero candidato MAGA de Arizona», con la barda fronteriza de fondo, y la gorra trumpista de Make America Great Again (Haz Grande a América de Nuevo). «Sigo creyendo que si hubiéramos tenido unas elecciones libres y justas el presidente Trump estaría hoy sentado en el Despacho Oval», dijo en el debate televisado que sostuvo con el senador Kelly. Solo que, bajo presión del moderador, admitió que él no había visto personalmente pruebas de que el recuento de los votos fuera errado.

Nada más salir del plató recibió una inquietante llamada de Donald Trump para felicitarle por su actuación. Y un consejo: «Si quieres cruzar la meta tienes que ser más fuerte en ese punto, hay muchas quejas sobre esto, aprende de Kari», le aconsejó, en referencia a la negacionista por antonomasia que aspira a gobernadora de Arizona. «Si le preguntan '¿Cómo está tú familia?', ella responde, 'Las elecciones las robaron y estuvieron amañadas'». La llamada aparece recogida en el documental que grabó el presentador de Fox Tucker Carlson, una estrella televisiva de la ultraderecha que ofrece su megáfono a Trump para que a nadie se le escape el mensaje de que ganó dos veces las elecciones y volverá a ganarlas si se presenta.

En Michigan, su candidata, Kristina Karamo, acusa a la actual secretaria de Estado demócrata, Jocelyn Benson de estar financiada por «autoritarismos» que intentan «corromper los sistemas electorales de los estados electorales clave para poder controlar EE UU». Y en Nevada, el candidato trumpista a secretario de Estado, Jim Marchant, pregunta en sus mítines si «¿hay alguien que de verdad se crea que Joe Biden fue legítimamente elegido?». Y no, por supuesto, nadie levanta la mano. La 'Gran Mentira' ha resquebrajado la confianza en la democracia estadounidense, que tiene este martes su cita más crítica.

M. G.

Los enmascarados van armados hasta los dientes, visten equipo táctico de combate y llevan tapada la matrícula de sus rancheras. En cualquier otro país del continente americano hubieran sido paramilitares, pero en los estados americanos de Arizona, Nevada Michigan o Pensilvania se autodenominan «vigilantes de los buzones-urna».

Se apostan a poca distancia de donde los votantes llegan a depositar sus papeletas por adelantado, de acuerdo a las leyes estatales. Les apuntan con sus rifles, miran de cerca lo que hacen y toman fotos de sus matrículas para verificar su identidad. «Todo el vídeo y la fotografía de posibles votos fraudulentos serán colgados en internet, junto con las fotografías de los fiscales, sheriff y otras autoridades que no lleven a cabo la investigación o presenten cargos por los fraudes cometidos en las elecciones», amenaza la carta recibida por el Partido Demócrata en Arizona, y firmada por un grupo anónimo llamado 'Ben Sent Us' (Ben nos envió). Todavía hay más: «Encontraremos vuestras casas, vuestros perfiles en las redes sociales y vuestras fotos para colgarlas también en internet», amenaza otro grupo llamado 'Indivisible Tucson Action Alliance'.

Gracias a un documental conspiracionista llamado '2.000 Mulas', todos los fanáticos que siguen a Trump están convencidos de que 2.000 'mulas' llenaron los buzones de papeletas repartidos por todo el país con votos falsos en favor de Joe Biden. Como los demócratas, están preocupados por el futuro de la democracia en Estados Unidos. Solo que ellos creen que tienen que tomar las armas para defenderla. Son los mismos grupos que patrullan la frontera para impedir «la invasión» de inmigrantes, los que atiborran el sótano de víveres y armas para defenderse en caso de que el gobierno federal o la ONU vengan a por ellos, y los que alimentaron con sus huestes las hordas que asaltaron el Capitolio el 6 de enero de 2021 para defender la supuesta victoria de Trump.

El juez Michael Liburdi, nombrado por el expresidente, decidió que están protegidos por la primera enmienda constitucional, pero el Departamento de Justicia ha advertido que la libertad de expresión no permite intimidar a los votantes. Con ese respaldo, un juez de distrito les ha obligado a quedarse a 84 metros de esos buzones. Desde allí fotografían las matrículas y avisan a los «sheriff constitucionales», que se han sumado a su causa. La democracia está en juego, dicen todos.

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