Mikel Ayestaran
Jerusalén
Martes, 22 de septiembre 2020, 20:20
Gobierno de Kabul y talibanes dialogan en Doha desde hace diez días para acordar los términos en los que empezarán a negociar la paz mientras en Afganistán sigue la guerra. Fuentes del Ministerio de Interior denunciaron al canal Tolo que más de 500 personas han ... perdido la vida en ataques de la insurgencia en las últimas dos semanas, entre ellas 98 civiles.
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«Los talibanes han golpeado en 24 provincias y el número más alto de bajas se ha registrado en las de Takhar y Nangarhar», señaló el portavoz de Interior, Tariq Arian. Los rebeldes rechazaron estas cifras, pero ellos también habrían perdido a decenas de combatientes en los choques, según el Ministerio de Defensa.
El proceso de Doha está aún en una fase preliminar y el presidente afgano, Ashraf Ghani, aprovechó su discurso con motivo del 75 aniversario de Naciones Unidas para pedir «un alto el fuego que acabe con la violencia». Los talibanes sólo respetan el cese de las hostilidades con las tropas internacionales, tal y como pactaron el 29 de febrero. Las armas no apuntan ya a las fuerzas extranjeras porque Washington se comprometió a una retirada que culminará en mayo de 2021, pero las fuerzas de seguridad locales siguen en el punto de mira de unos islamistas que intensifican sus operaciones para tener cada vez más fuerza militar. La noche del domingo fue la más sangrienta de los últimos meses y 54 soldados murieron en combates, según los datos de Interior, 24 de ellos en ataques contra puestos control en Uruzgan.
El enviado especial de Estados Unidos para Afganistán, Zalmay Khalilzad, lamentó desde su cuenta de Twitter el «claro aumento de la violencia» y pidió a las partes enfrentadas que reduzcan sus acciones para dar una oportunidad al diálogo en Doha.
Las posturas en Catar permanecen alejadas y el tiempo corre a favor de unos talibanes, que saben que a partir de mayo serán la principal fuerza militar. El sistema político o los derechos de las mujeres son dos de los puntos en los que ambas delegaciones muestran grandes diferencias.
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Los insurgentes exigen la creación de un «consejo religioso de élite» para elegir a los futuros líderes y representantes políticos, y rechazan una posible Constitución como la actual porque fue redactada «con ayuda de las fuerzas de ocupación». El planteamiento único de los islamistas pasa por la vuelta al emirato que implantaron en el país entre 1996 y 2001.
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