Los militares birmanos vuelven a aplicar mano dura

Posteriormente los militares han anunciado que tomarán el control del país durante doce meses y han declarado el estado de emergencia. Se trata de un golpe de Estado, con independencia de que los militares usen o no ese término.

En noviembre, la LND y Suu Kyi obtuvieron una victoria aplastante en las elecciones generales. En estos comicios, además, el Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo (PUSD), apoyado por el ejército, obtuvo malos resultados en sus principales feudos electorales.

Humillado por el resultado, el PUSD denunció que en las elecciones se había producido un fraude masivo. Sin embargo, todos los observadores internacionales, entre los que se incluían miembros del Centro Carter, de la Red Asiática para unas Elecciones Libres así como una misión de observación electoral de la UE, afirmaron que habían sido unos comicios limpios. En el informe preliminar de la misión de la UE un 95% de sus observadores calificaron el funcionamiento del proceso electoral como «bueno» o «muy bueno».

Organizaciones locales con una sólida reputación, como la Alianza Popular para unas Elecciones Limpias (APEL), respaldaron la opinión de los observadores. Todas estas organizaciones publicaron un comunicado conjunto el 21 de enero en el que afirmaban que los resultados de las elecciones son fiables y reflejan la voluntad de la mayoría de los votantes.

Sin embargo, y tomando como ejemplo al presidente Donald Trump, el PUSD realizó acusaciones de fraude sin ninguna prueba sólida en una maniobra diseñada para dañar la legitimidad de las elecciones.

Al principio los militares no respaldaron las denuncias del PUSD, pero poco a poco fueron apoyando a dicho partido al punto de que durante la pasada semana el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Min Aung Hlaing, evitó descartar la posibilidad de que se produjera un golpe de Estado.

Un día después las autoridades electorales del país rompieron un silencio que había durado semanas para rechazar de forma tajante las denuncias de fraude generalizado del PUSD, lo que allanó el camino para que se produjera lo que el historiador local Myint-U denomina la mayor crisis constitucional [de Myanmar] desde la abolición de la antigua Junta en 2010.

Es muy difícil adivinar de qué modo podrían los militares beneficiarse de las acciones que están llevando a cabo, pues el acuerdo para el reparto de poder que alcanzaron con la LND bajo el mandato legal de la Constitución de 2008 ya les permitió aumentar su influencia y su poder económico dentro del país.

Los militares ya gobernaron Myanmar durante medio siglo, tras el golpe de Estado de 1962 liderado por el general Ne Win. En 1988 un nuevo grupo de militares se hizo con el poder en lo que fue calificado como un «auto-golpe». Esta nueva Junta, encabezada por el general Than Shwe, permitió que en 1990 se celebraran unas elecciones, en las que se impuso de forma arrolladora el partido de Suu Kyi. Los líderes militares, sin embargo, se negaron a reconocer los resultados.

En 2008 la Junta elaboró una nueva Constitución que reservaba el 25 % de los escaños del parlamento nacional a los militares y les permitía nombrar al vicepresidente del país así como a los ministros de Defensa, Asuntos Fronterizos e Interior. Las elecciones de 2010 fueron boicoteadas por la LND, pero dicha formación obtuvo una victoria arrolladora en los siguientes comicios, celebrados en 2015.

Desde comienzos de 2016 Suu Kyi ha sido la líder de facto de Myanmar, aunque hasta ahora no ha existido una autoridad civil capaz de fiscalizar al ejército. Hasta la semana pasada las relaciones entre las autoridades civiles y militares eran tensas en ciertos momentos, aunque en líneas generales estaban marcadas por la cordialidad. Se basaban en el reconocimiento mutuo de intereses coincidentes en ciertas áreas clave de la política del país.

De hecho, este pacto para el reparto de poder ha sido extremadamente cómodo para los militares debido a que les daba una total autonomía en asuntos de seguridad y les permitía mantener sus enormes intereses económicos.

Este acuerdo permitió que en 2017 los militares realizaran «operaciones de limpieza» contra el estado de Rakáin, lo que provocó un éxodo a Bangladesh de 740 000 personas, la mayoría musulmanes rohingyas.

Al principio de dichas operaciones, Suu Kyi defendió con intensidad tanto a su país como a los militares ante la Corte Internacional de Justicia. Pero la reputación de Myanmar (y la de la propia Suu Kyi) se vio gravemente afectada, y nunca volvió a recuperarse.

Sin embargo, había un desacuerdo clave entre la LND y los militares: las prohibiciones constitucionales que impedían que Suu Kyii ocupase de forma oficial el cargo de presidenta del Myanmar. Además, algunos líderes de la LND habían manifestado su honda preocupación por el hecho de que el Ejército tuviera el papel de árbitro permanente en todo tipo de cuestiones legales y constitucionales.

Con independencia de cómo se desarrollen los acontecimientos durante esta semana y en el futuro, la frágil democracia de Myanmar ha sufrido un duro golpe como consecuencia de la acción de los militares.

Es cierto que el Gobierno de la LND ha cometido errores, pero un golpe militar es un claro paso atrás para el país (y supone además una mala noticia para la democracia en la región).

Es difícil ver esta maniobra como algo distinto a un intento por parte del general Min Aung Hlaing de mantener su destacada posición en la política nacional, y que es que está obligado a retirarse este año, cuando cumpla los 65 años. Dado el escaso éxito electoral del PSSD, parece que no hay otras vías posibles para conservar el poder que llegar a la presidencia de este modo.

El golpe será contraproducente para los militares por diversos motivos. Habrá Gobiernos en todo el mundo que ahora serán más proclives a aplicar (o ampliar) sanciones contra miembros del ejército. De hecho, Estados Unidos ha publicado un documento en el que afirma que «tomará acciones» contra los responsables del golpe. También es probable que se desplome la inversión extranjera en el país (con la posible excepción del dinero procedente de China).

Además, dado que los ciudadanos de Myanmar han disfrutado de una década de libertades políticas cada vez más amplias, parece poco probable que ahora quieran colaborar con un nuevo Gobierno impuesto por los militares.

Las elecciones generales de 2020 volvieron a hacer patente tanto el descontento con el papel del ejército en la política nacional como el hecho de que Suu Kyi sigue manteniendo su popularidad. Su arresto daña la frágil coalición que estaba conduciendo a Myanmar en este periodo lleno de riesgos, y podría además provocar que saltase por los aires la beneficiosa distensión entre el poder civil y las fuerzas armadas.

Este artículo ha sido publicado originalmente en 'The Convertation'.