Miguel Pérez
Viernes, 8 de julio 2022, 22:54
Hace casi 62 años, Japón asistió al asesinato de Inejirō Asanuma, el líder del Partido Socialista, en el que se considera el primer atentado político mortal en la historia contemporánea del país. El asesino se llamaba Otoya Yamaguchi. No pasaba de los 17 años, pero ... era ya un joven ultraderechista tan convencido de sus ideas que ni tuvo reparos en subir al escenario donde Asanuma participaba en un debate y clavarle en repetidas ocasiones un wakizaki, una especie de sable corto japonés.
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Durante las seis décadas posteriores, la violencia política se ha contado casi con los dedos de las dos manos. Al menos, la de alto voltaje. Hay registrados ocho atentados en los que las víctimas murieron o resultaron heridas de gravedad. Casi todas ellas fueron atacadas con armas blancas. Casos como el de este viernes, que terminaron con el asesinato de dos disparos del ex primer ministro Shinzo Abe, son muy extraños. Por una razón fundamental: la extraordinaria complejidad para hacerse con una pistola en Japón, donde apenas se producen tiroteos. El año pasado, por ejemplo, se contabilizaron diez y de ellos ocho estaban relacionados con la yakuza. Hubo un muerto. El contraste es muy intenso respecto a sociedades como la estadounidense.
La legislación es sumamente estricta y prohíbe su tenencia salvo en el caso de escopetas de aire comprimido. El número de armerías para conseguirlas está restringido a tres en cada una de las cuarenta prefecturas del país y todo su material se halla sujeto al control de las autoridades. Los vendedores no pueden expender armas cortas y los clientes deben entregarles los cartuchos usados o caducados antes de comprar otros nuevos. El proceso para obtener el permiso es largo. Hay que superar un curso de formación, exámenes de tiro, test de salud mental y una investigación donde, incluso se interroga a los familiares y compañeros de trabajo. Si el aspitante tiene un delito en su historial, ya puede olvidarse. Lo mismo sucede si se le descubren contactos con grupos ideologizados y radicales. Cada tres años la licencia expira y todo este proceso comienza de nuevo.
La muerte de Abe ha supuesto una especial conmoción para una sociedad pacífica, donde los índices de delincuencia son muy bajos. Y ha abierto de inmediato el debate sobre las amenazas a la delincuencia y el riesgo latente de la violencia política, aun sin conocerse si el autor de la muerte del ex primer ministro actuó bajo algún tipo de paranoia.
El 'Washington Post' informa desde Tokio cómo la violencia armada es un «incidente extremadamente raro» en Japón. El propio jefe de Gobierno, Fumio Kishida, ha advertido que serán necesarias medidas para combatir el fenómeno. Tomoko Yoshino, presidente de la Confederación de Sindicatos de Japón, expresó ayer su preocupación porque «la violencia durante el período electoral es un serio desafío para la democracia parlamentaria. Hay muchos problemas de política, pero la solución debe ser sobre la base de un debate político sincero en todos los niveles de la sociedad».
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