Las grandes tecnológicas plantan cara a la Ley de Seguridad Nacional en Hong Kong

Pero la Ley de Seguridad Nacional promulgada la semana pasada en China, que otorga nuevos poderes a las Fuerzas de Seguridad -incluido el de llevar a cabo registros sin orden judicial- y permite por primera vez el establecimiento de una agencia del gobierno central en la ciudad, podría provocar un cambio relevante en este escenario. De hecho, pocos días después de conocer el contenido de la nueva legislación, que muchos ven como el fin de la independencia del sistema judicial de Hong Kong, las grandes tecnológicas occidentales han comenzado a mostrar sus cartas: Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter, Zoom y Google han asegurado que rechazarán las peticiones de información sobre sus usuarios que hagan las Autoridades esgrimiendo la nueva ley, que también puede castigar con una multa de 12.500 euros y seis meses de cárcel a quienes no retiren contenido que atente contra la seguridad nacional.

Más curioso ha sido el anuncio que ha hecho hoy TikTok: la aplicación de vídeos cortos, cada vez más exitosa en todo el mundo, se marchará de Hong Kong «debido a los últimos acontecimientos». En los próximos días dejará de estar disponible en las plataformas de Google y Apple. Lo sorprendente de esta huida está en el hecho de que Bytedance, la compañía que desarrolla TikTok, es china. Nació en Pekín hace solo ocho años y es una de las pocas empresas de 'software' del gigante asiático que han logrado un éxito global con sus aplicaciones.

Quizá por eso, también está en la diana de gobiernos que la miran con recelo por sus posibles -pero nunca probadas- conexiones con el Partido Comunista: India la vetó la semana pasada en una operación contra 59 aplicaciones chinas, y ayer el secretario de Estado Mike Pompeo anunció que Estados Unidos podría seguir los mismos pasos. «El presidente Trump y yo nos estamos tomando esta posibilidad muy en serio y la estamos analizando», comentó en una entrevista en el canal Fox News.

Sin embargo, TikTok es la versión internacional -y, aparentemente, independiente- de la 'app' que opera en China bajo el nombre de Douyin. En varias ocasiones ha negado que envíe información a Pekín, como denuncian diferentes organizaciones y analistas, y ha prometido que no lo haría aunque el gobierno chino lo reclamase. En cualquier caso, su marcha de Hong Kong, donde el año pasado apenas tenía 150.000 usuarios, puede servirle para evitar verse en la tesitura de provocar un escándalo a nivel global en el caso de que comparta datos con las Autoridades, o airar al Partido Comunista si se niega a hacerlo.

Desafortunadamente, no solo las grandes tecnológicas temen por los efectos de la nueva ley. También los medios de comunicación, que operan con libertad en Hong Kong gracias a que su miniconstitución preserva la libertad de prensa, temen un deterioro importante de su coyuntura particular. El Club de Corresponsales Extranjeros ha preguntado a la jefa del Ejecutivo, Carrie Lam, si puede prometer que no serán perseguidos, y ella ha contestado con ironía: «Puedo hacerlo si los periodistas garantizan al 100% que no se saltarán la ley». El problema radica, subraya el Club, en la falta de concreción del texto legal y en la arbitrariedad del sistema judicial chino.