Una bomba diplomática llamada Huawei

Porque la tecnológica de Shenzhen ya no solo es sospechosa de haberse saltado las sanciones -con las que muchos países están en desacuerdo-. Ahora, cada vez son más los países que temen que la empresa, el mayor fabricante de equipamiento de telecomunicaciones del mundo, haya abierto 'puertas traseras' en las redes que ha construido en Occidente para facilitar el espionaje del Gobierno chino. Es una posibilidad que Huawei niega rotundamente, pero que ha ganado fuerza después de que, el pasado día 11, Polonia arrestase a uno de sus directivos acusado de espionaje.

Wang Weijing fue contratado por Huawei en Varsovia después de haber trabajado para el régimen de Pekín en el Consulado de Gdansk, y la compañía no tuvo reparo en despedirlo nada más conocer los cargos que pesan sobre él. Huawei argumentó que Wang ha mancillado el nombre de la empresa y que «sus acciones no tienen nada que ver» con la tecnológica china. Pero las sospechas se han extendido por todo el mundo como una bola de nieve que nadie puede parar, y países de gran peso -entre ellos Japón, Estados Unidos, o Australia- ya han vetado a Huawei en los contratos para tender las nuevas redes 5G, una de las grandes apuestas de la compañía.

Otros Estados, como Alemania o Reino Unido, están considerando la posibilidad de actualizar la legislación relativa a seguridad para impedir 'de facto' que empresas chinas puedan adjudicarse esos contratos. Y la ofensiva contra Huawei ya ha trascendido el ámbito empresarial: esta semana, la Universidad de Oxford ha anunciado el fin de sus colaboraciones con la compañía, que ofrece becas para diferentes programas de investigación, aunque dos proyectos que ya estaban en marcha continuarán su curso. «La decisión se ha tomado debido a la preocupación del público sobre las colaboraciones de Reino Unido con Huawei», justificó el centro educativo al diario 'South China Morning Post'.

Esta última decisión podría estar más relacionada con el conflicto diplomático que ha provocado el caso de Meng en Canadá. Porque, a pesar de que es la directiva de una empresa privada y de que está en libertad bajo fianza hasta que se decida sobre su extradición de acuerdo con la ley, su arresto ha provocado una tormenta con Pekín, que ha respondido de forma desproporcionada y despótica. China ha arrestado a varios canadienses -incluido un hombre con inmunidad diplomática, la cual no ha sido respetada- y ha condenado a muerte a otro, Robert Lloyd Schellenberg, que ya había sido sentenciado en primera instancia a 15 años de cárcel, algo que analistas como el abogado Mo Shaoping consideran una violación del artículo 237 del Procedimiento Criminal del propio país.

Es una muestra de poder por parte del gigante asiático, que asegura estar defendiéndose así de lo que el embajador de China en Canadá, Lu Shaye, calificó como «egolatría occidental y supremacismo blanco». Pero esta respuesta puede tener efectos contrarios a los deseados por los dirigentes de Pekín, porque refleja el autoritarismo de un régimen que no respeta ni su propia legalidad -Canadá acusa a China de estar violando los derechos relacionados con las visitas consulares y el acceso a un abogado de los detenidos- y que utiliza a seres humanos como escudos diplomáticos.

El propio primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha denunciado que China está «aplicando la pena de muerte de forma arbitraria e injusta» y la ministra de Asuntos Exteriores, Chrystia Freeland, ha añadido que esta forma de operar «es una amenaza para todos los países». Consecuentemente, las autoridades de Ottawa han emitido esta semana una advertencia de viaje a sus ciudadanos por la «arbitraria aplicación de las leyes» en China, e incluso España, que suele permanecer callada en estos asuntos, ha mostrado oficialmente su preocupación por la nueva sentencia que ha recibido Schellenberg.

Mientras tanto, el país que lanzó la primera piedra, Estados Unidos, amenaza con incrementar su presión sobre las tecnológicas chinas. Las autoridades federales han iniciado una investigación contra Huawei por el supuesto robo de secretos comerciales de empresas americanas, y diferentes fuentes consultadas por medios estadounidenses han avanzado esta semana que el Ejecutivo de Donald Trump está trabajando en una orden ejecutiva para prohibir que empresas chinas operen en su territorio. Son los primeros pasos de lo que Pascal Lamy, exdirector general de la Organización Mundial del Comercio, considera la guerra por la hegemonía mundial del siglo XXI.