Bagdad anuncia medidas sociales para intentar acallar las protestas

Al término de un consejo extraordinario, el gobierno de Adel Abdel Mahdi anunció un decreto con 17 medidas sociales, que incluyen ayudas para la vivienda y subsidios para los jóvenes desempleados. Además, se decidió la construcción de 100.000 viviendas, mientras que en septiembre las autoridades de varias regiones del país empezaron a destruir casas situadas en barriadas informales, donde viven tres millones de iraquíes que construyeron, sin autorización, en terrenos del Estado.

Asimismo, el Gobierno ordenó la instalación de puestos para los vendedores ambulantes, en un intento de crear empleos, sobre todo para los jóvenes, puesto que uno de cada cuatro de ellos no tiene trabajo en Irak. El paro juvenil es el primer motivo de las protestas, que empezaron el pasado martes, y una cuestión muy sensible en el país, después de que un joven al que le confiscaron su carrito de vendedor ambulante se inmolara en septiembre en Kut (sur).

Por otro lado, las autoridades, que afirman que hay «saboteadores» y «tiradores no identificados» entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad, anunciaron que incluyeron a las personas fallecidas desde el martes en la lista de «mártires», para que sus familiares puedan pedir indemnizaciones por su pérdida.

Desde el martes, según la Comisión gubernamental de Derechos Humanos, al menos 99 personas murieron y otras 4.000 resultaron heridas. La mayoría de los manifestantes perdieron la vida abatidos por disparos, según fuentes médicas, que el viernes indicaron que seis policías habían muerto en el curso de las protestas. Este domingo por la mañana, las calles de la capital estaban tranquilas.

Durante las manifestaciones, se incendiaron y saquearon sedes de partidos políticos, en un país que ocupa el 12º puesto en la lista de Transparency International de Estados más corruptos del mundo.

El sábado, el presidente del Parlamento, Mohamed Al Halbusi, propuso una serie de reformas de justicia social pero la Asamblea no logró reunirse, pues varias formaciones boicotearon la sesión parlamentaria.

El movimiento, que nació a raíz de unos llamados en las redes sociales internautas, denuncia la corrupción, el paro y el mal funcionamiento de los servicios públicos de un país con escasez crónica de electricidad y agua potable, y que salió a finales de 2017 de casi cuatro décadas de conflicto, con la proclamación de la victoria contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI).

El movimiento afecta sobre todo a Bagdad y al sur del país, y los manifestantes lo presentan como «no partidista». «Nadie nos representa (...) No queremos partidos, no queremos a nadie que hable en nuestro nombre», declaró el viernes un manifestante a la agencia AFP.

Las autoridades reclamaron tiempo a los manifestantes para poner en marcha reformas enfocadas a mejorar el nivel de vida de los 40 millones de iraquíes. Por su parte, la jefa de la misión de la ONU en Irak, Jeanine Hennis-Plasschaert, exigió el sábado que «todas las partes paren y reflexionen». «Cinco días de muertos y heridos [...]. Esto tiene que parar», escribió en Twitter.