Ortega intensifica la represión en Nicaragua a cinco meses de las elecciones

El objetivo del régimen parece claro para los expertos: eliminar rivales y silenciar las voces críticas para allanar el camino de Ortega a su cuarto mandato en los comicios del próximo 7 de noviembre. Prueba de ello fue el allanamiento también la noche del lunes –madrugada del martes en España– de la vivienda del periodista Carlos Fernando Chamorro, director del diario 'Confidencial'. «Decenas de Policías están allanando mi casa, en Managua, por órdenes del jefe de la Policía», contó en Twitter, al tiempo que recordó que el Gobierno ya realizó redadas en la sede de su periódico tanto en 2018 como a finales del pasado mayo.

La Policía, que dirige Francisco Díaz, consuegro de Ortega, se limitó ayer a decir que la exprimera dama –en arresto domiciliario– y Mendoza, al igual que otros dirigentes opositores detenidos, están siendo investigados «por incitar a la injerencia extranjera y pedir intervenciones militares». De igual modo, se les acusa de «organizarse con financiamiento de otros países para ejecutar actos de terrorismo y demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado y sus ciudadanos».

Las actuaciones de las autoridades nicaragüenses se sustentan en la llamada Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, aprobada por la Asamblea Nacional, de mayoría sandinista, en diciembre pasado. Esta polémica norma, fruto de la cual siguen bajo arresto los aspirantes presidenciales opositores Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora, cataloga los «traidores a la patria» y los inhabilita a optar a cargos públicos.

La deriva represora, acrecentada con la cercanía de las elecciones presidenciales, ha elevado el tono de condena de la comunidad mundial. El Consejo Permanente de la OEA cargó en una resolución contra la persecución de opositores y demandó su liberación inmediata, al igual que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. México, Argentina y Costa Rica han llamado a consultas a sus embajadores en Managua mientras Human Rights Watch ha exigido a la ONU que aumente la presión y eleve el tema al Consejo de Seguridad para proteger las libertades y asegurar comicios libres.

La campaña de terror emprendida por Ortega amenaza con convertirse en un arma de doble filo ya que las nuevas sanciones que se ciernen sobre él pueden complicar su permanencia en el poder tras la cita con las urnas. No en vano, el Senado de EE UU ya estudia una nueva batería de 'castigos' contra el régimen, que se sumarían a los ya emprendidos por la administración Trump, la UE, Reino Unido y Canadá a raíz de la brutal represión de las protestas de 2018, que dejaron más de 300 muertos y miles de exiliados.