Maduro se aferra al Ejército

«La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) no aceptará jamás a un presidente impuesto a la sombra de oscuros intereses ni autoproclamado al margen de la ley». El ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino, expresaba en un comunicado el sentir de los militares en un acto solemne en la sede del ministerio, en el que estuvo arropado por el Estado Mayor de la FANB. Horas antes, los generales encargados de la defensa de las diferentes regiones de Venezuela habían ratificado su apoyo a Nicolás Maduro. El respaldo de la FANB «es indefectible e inexorable», dijo Padrino.

La presencia del Ejército en el Gobierno venezolano es notable, alcanza el 26,4%, según la ONG Control Ciudadano. Nueve de los 32 ministros son militares y están en carteras como Defensa, Interior, Agricultura, o en la petrolera PDVSA. El presidente considera a la FANB la «columna vertebral» del país. Por eso, Guaidó llevaba tres semanas intentando conquistarlos, con mensajes en los que les aseguraba una transición democrática y una amnistía en caso de que la ofensiva opositora tuviera éxito. El pasado lunes, 27 militares se sublevaron en un barrio de Caracas y consiguieron un espontáneo apoyo de los vecinos pero fueron reducidos en pocas horas. Una efímera alegría para la oposición, que ayer no obtuvo el deseado apoyo castrense.

Padrino fue firme en la denuncia de un «golpe de Estado contra la institucionalidad de nuestra democracia, contra nuestra Constitución, contra el presidente Nicolás Maduro, presidente legítimo», y alertó «a los ciudadanos» del peligro que supone «para nuestra integridad y para nuestra soberanía nacional». El titular de Defensa aseguró que los militares garantizarán la paz y evitarán los enfrentamientos, en medio de unas protestas en la calle que en menos de una semana han dejado ya 26 muertos, según el balance no oficial ofrecido por la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.

Como lo había hecho el día anterior el propio Maduro, el Ejército culpó de la inestabilidad al «Gobierno norteamericano, junto a otros de la región y algunos funcionarios de organismos multilaterales». La FANB habló de una «guerra híbrida» contra el país, en la que incluyó los problemas económicos, supuestamente debidos a un «bloqueo financiero» y al «sabotaje», todo ello para «generar ingobernabilidad y justificar una intervención militar».

Con esta demostración de fuerza y la legitimidad añadida por la declaración de fidelidad realizada por los gobernadores de 19 de los 23 Estados, Nicolás Maduro acudió al mediodía a la sede del Tribunal Supremo, donde el pasado día 10 juró su segundo mandato, para recibir la bendición del Poder Judicial. Allí insistió ante los magistrados en su decisión de cerrar la Embajada y los consulados en Estados Unidos y ratificó el plazo de 72 horas dado al personal diplomático estadounidense para que abandone Venezuela. Maduro mantuvo la acusación a Washington de ser el responsable de un plan para imponer a Guaidó como presidente de un gobierno «de facto, inconstitucional, un golpe de Estado», y dijo no tener dudas de esto. «Trump, con su locura de creerse policía del mundo», señaló.

El mandatario dejó además en manos de los jueces las medidas legales para combatir el intento de «intervenir a Venezuela». «Esto queda en manos del poder judicial, que escapa a mis propias funciones», aseguró a los presentes.

El magistrado Juan José Mendoza, presidente de la Sala Constitucional del Supremo, recogió el guante y llamó a la Fiscalía a «tomar medidas» de «manera inmediata» ante la «conducta delictiva» de la directiva del Parlamento, controlado por la oposición. Se abrió así el camino para la detención de Juan Guaidó, desaparecido de la escena pública desde que el miércoles se autoproclamó presidente interino del país. La ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, ya le había advertido esta semana que le tenía «preparada una celda».

Guaidó procuró esconderse del radar del chavismo, pero se prodigó en las redes sociales, donde pasó el día agradeciendo los apoyos recibidos. Entre ellos el de la Organización de Estados Americanos (OEA), que mantuvo una reunión extraordinaria durante la cual 16 de los 34 países miembros pidieron que se garantice su seguridad y la de «los miembros de la Asamblea Nacional». 18 países, entre ellos México, Nicaragua, Bolivia y Uruguay, no firmaron la declaración, pero México y Uruguay instaron a llevar a cabo un «nuevo proceso de negociación incluyente y creíble» para abordar la actual situación.

A esta salida se aferró Maduro durante su discurso en el Supremo. «Estoy listo», dijo, a participar en «una iniciativa diplomática» liderada por estos dos países para reactivar el diálogo en Venezuela. «Ese debe ser el camino» para solucionar la crisis venezolana, «no el intervencionismo».