M. Pérez
Martes, 30 de julio 2024, 15:01
La situación social y política de Venezuela se degrada a medida que transcurren las horas y Nicolás Maduro emprende una huida hacia adelante. A la represión en las calles, que han causado ya varios muertos, se suma la estrategia de oposición a todos los países que el mandatario reelegido considera verdugos o, cuando menos, jueces de su victoria.
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En una decisión sin precedentes ha ordenado la expulsión de suelo venezolano de los diplomáticos de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay, gobiernos a los que acusa de «injerencia» en los asuntos nacionales al haber reclamado una revisión del recuento de los votos emitidos el domingo en los comicios. El líder chavista ha ordenado además que desde este miércoles los vuelos comerciales con Panamá y República Dominicana queden suspendidos, una medida que castigará a miles de ciudadanos que utilizan frecuentemente los aviones de bajo coste.
El presidente reelegido también ha tomado medidas con España. Menores. Ha eliminado de su ronda de agradecimientos a los gobiernos extranjeros que apoyan su triunfo (entre ellos, Cuba, Bolivia, Honduras, Rusia o Serbia) el dedicado a nuestro país, que incluía un enlace a la rueda de prensa de la vicepresidenta Yolanda Díaz, en la que la dirigente de Sumar expresaba su reconocimiento a los resultados electorales. «Es lo que hacemos los demócratas en el mundo», dijo, aunque también pidió «transparencia» ante las dudas. Su compañero de gabinete, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se mostró más riguroso y emplazó a la publicación de todas las actas electorales «mesa por mesa» para que puedan verificarse.
Los dos polos de atención principal en este momento son Estados Unidos y la OEA. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos ha convocado una reunión de urgencia el miércoles, a petición de doce países socios. Este organismo todavía no se ha pronunciado sobre los comicios en Venezuela ni respecto a la presión de la comunidad internacional para que se examine el proceso. Los gobiernos solicitantes pretenden que promulgue un comunicado en «salvaguarda» de los derechos de los venezolanos y en defensa de la «estabilidad democrática» en la región americana.
El otro polo es EE UU y ambos están imbricados, dada la influencia de Washington en América Latina. La Casa Blanca evalúa los pasos que debe dar, sobre todo tras el comienzo de una represión que ha causado entre dos y siete muertos y medio centenar de detenidos en Venezuela. Los disturbios registrados desde el lunes pueden ser solo el preludio de un conflicto impredecible. La oposición se ve en posesión de datos electorales que confirman una victoria holgada de su candidato, Edmundo González, a la que no piensa renunciar, y Maduro ya ha avisado de que no está dispuesto a revisar la jornada electoral, además de haber ordenado a la Policía y los militares que actúen en las calles contra las movilizaciones.
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El presidente estadounidense, Joe Biden, quiere forjar una alianza con aquellos países latinoamericanos que también creyeron que unas elecciones limpias eran posibles en Venezuela. Frente a la línea dura de Donald Trump, el Gobierno demócrata mostró una estrategia más suave -indulgente según los republicanos-, que posibilitó poner las bases a las urnas y dio alas a la oposición. Biden pretende corregir el cálculo. Su estrategia, y presumiblemente la de Brasil, pasa por obligar a Maduro a certificar los resultados electorales con «total transparencia» o forzar unos nuevos comicios este año.
Luiz Inácio Lula da Silva es el único mandatario extranjero que ha tenido acceso a Maduro, aparte de quienes le han mostrado su respaldo a la victoria electoral. El jefe del Estado brasileño, que hace unos días expresó su «susto» por la referencia del chavista a un «baño de sangre» si perdía en las urnas, le ha pedido pruebas de su triunfo y ha logrado que el excanciller Celso Amorin se reúna con el presidente venezolano en Caracas.
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Queda la duda sobre si el Parlamento venezolano publicará las actas electorales. La Comisión Nacional Electoral ha prometido colgar en internet los resultados de cada una de las 30.000 mesas de votación. La oposición, liderada por María Corina Machado, también está difundiendo en la red y en cada localidad del país el 73,2% de las actas que tiene en su poder y que otorgan un abrumador triunfo a su candidato, Edmundo González.
El mandatario estadounidense tiene un interés particular en este conflicto. EE UU ha sido uno de los principales actores para que se celebrasen las elecciones y, por tanto, uno de los más comprometidos con la limpieza del proceso. No hace tres meses, el líder chavista trasladó a Biden el mensaje de que estaba dispuesto «al diálogo con todos». Este martes se arriesga a que Washington intensifique las sanciones y la economía venezolana, protagonista de un ligero repunte, vuelva a desmoronarse.
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De la misma manera, Biden afronta la posibilidad de que esta crisis se convierta en otra piedra llena de aristas en su política exterior. Además de la guerra de Ucrania y la operación de Israel en Gaza, un conflicto que puede derivar en muertes de civiles, complicaciones internacionales de alto nivel y un futuro impredecible con el régimen de Maduro representa un lastre más en el camino que le resta hasta el fin de su presidencia en enero.
Los republicanos de Estados Unidos han comenzado ya el rosario de acusaciones sobre el líder demócrata. Le achacan una posible debilidad en el trato con el Ejecutivo chavista en busca de unos comicios democráticos. No ayuda en nada el comunicado emitido desde Caracas contra la plana internacional que pone en entredicho los comicios y donde el régimen chavista menosprecia a EE UU. El mensaje muestra su «rechazo ante las injerencistas acciones y declaraciones de un grupo de gobiernos de derecha, subordinados a Washington y comprometidos abiertamente con los más sórdidos postulados ideológicos del fascismo internacional, que pretenden desconocer los resultados electorales».
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El Ejecutivo venezolano se refiere especialmente a los siete países a cuyas legaciones diplomáticas ha decidido expulsar. La orden es «inmediata» y ha provocado una profunda inquietud sobre hasta qué límites está dispuesto a llegar el presidente chavista en la defensa de su cargo y el «derecho inalienable a la autodeterminación».
Costa Rica carece de misión diplomática en Caracas, de modo que la expulsión no tiene efectos reales en su relación. Por su parte, el Gobierno de República Dominicana no ha realizado valoración alguna La reacción más contundente hasta el momento corresponde a Perú, que ha ordenado la expulsión recíproca de los diplomáticos venezolanos «en un plazo no mayor a 72 horas» en respuesta a «las graves y arbitrarias decisiones tomadas hoy por el régimen venezolano».
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Mientras Panamá ha decidido poner «en suspenso» sus relaciones con Caracas, el canciller chileno Alberto Van Klaveren calificó este martes la decisión de Maduro como «propia de regímenes dictatoriales. No tengo recuerdo de una medida de esas características, y lo que revela, es el aislamiento que tiene el Gobierno venezolano». Las autoridades uruguayas también la han definido como una decisión «intempestiva,» e «injustificada».
Por su parte el Gobierno argentino ha descrito la situación de «inaudita», ya que en su opinión dejará a cientos de miles de migrantes venezolanos desconectados de su propio país y en una especie de limbo administrativo. «Una ruptura de relaciones con Caracas sería otro disparate a los que Maduro ya nos está acostumbrando».
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Se da la circunstancia de que seis dirigentes del partido de María Corina Machado se encuentras refugiados en la embajada argentina en Caracas desde finales de marzo ante las sospechas de que formaban parte de las redadas de opositores organizadas por el régimen chavista antes de la campaña electoral. El lunes, policías y simpatizantes de Maduro rodearon la legación, aunque de inmediato cientos de ciudadanos acudieron al lugar para evitar un eventual asalto. «Agradecemos enormemente a todos los venezolanos que se acercaron a defender nuestra embajada contra las amenazas del dictador Maduro», escribió la canciller argentina Diana Mondino en su perfil social.
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