Maduro camina hacia el absolutismo

El régimen venezolano avanza hacia una autocracia de línea dura, Los constantes llamamientos de la comunidad internacional para que se reconduzca hacia la senda de la democracia y la transparencia electoral está teniendo un efecto contrario al deseado por la Unión Europea, Estados Unidos o la OEA. Después de que el Tribunal Supremo validara el triunfo en las urnas de Nicolás Maduro, el Parlamento ha anunciado que proscribirá para siguientes comicios a los partidos que no reconozcan la sentencia. La Fiscalía General también ha anunciado que citará al candidato opositor, Edmundo González Urrutia, por una supuesta usurpación de las funciones de la Comisión Nacional Electoral.

Para los opositores, el régimen está escribiendo el guión perfecto para eliminar cualquier tipo de resistencia interior. En apneas una semana ha aprobado sendas leyes para fiscalizar a las ONG y elevar los supuestos que pueden catalogarse como delitos de «odio» y «terrorismo». BGajo estas acusaciones han sido encarcelado ya muchos de los detenidos en las manifestaciones contra el aparente fraude electoral celebradas en Venezuela después de los colicios del 28 de julio.

El último paso ahora puede ser el posible arresto de Edmundo González, a quien el fiscal general, Tarek Walliam, tiene previsto citar este mismo fin de semana. «Tiene que venir a esta citación para que hable de su responsabilidad en el antes, durante y después del 28 de julio», ha advertido el fiscal. La acusación tiene ciertos tintes rocambolescos. William prevé imputar al candidato opositor por publicar las copias de las actas electorales, una labor que «corresponde» en exclusiva a la Comisión Nacional Electoral que, paradójicamente, se niega a darlas difusión. Las actas dan la victoria a González sobre Maduro por un amplio margen superior a tres millones de votos.

Desde que la oposición tildara de pucherazo el triunfo del presidente, la Fiscalía ha tanteado las detenciones de Edmundo Edmundo González y María Coriña Machado, lideresa de la coalición Plataforma Unitaria Democrática. Tarek William considera que la confirmación de los resultados por el Tribunal Supremo, un órgano formado por afines al oficialismo, le valida a la hora de formalizar las acusaciones. «Va a tener que responder, va tener que dar la cara», ha manifestado el fiscal respecto al candidato, que sigue en la clandestinidad. Desde hace dos semanas, tanto él como Corina Machado se encuentran en un «refugio seguro» para evitar correr la misma suerte que dos docenas de cargos opositores que han sido encarcelados.

González llamó este viernes a la comunidad internacional a redoblar los esfuerzos para mantenerse «firmes» en «la defensa» de la democracia venezolana. También emplazó a «todas las organizaciones sociales y políticas, incluso aquellas que no» se unieron a su proyecto electoral, a «unirse» y conseguir que el Gobierno «respete la decisión que expresaron con su voto los venezolanos». A juicio del candidato de la Plataforma Unitaria Democrática, es imprescindible que los países y las organizaciones internacionales mantengan la presión y la reclamación de «transparencia» aMaduro porque «está en juego la paz».

También parece estar en juego el futuro de los partidos críticos. Jorge Rodríguez, dirigente del oficialista Partido Socialista Unido y presidente de la Asamblea Nacional, ha anunciado una próxima reforma de la legislación sobre partidos políticos. La modificación obligará a las formaciones a reconocer la validez de la sentencia del Tribunal Supremo sobre las pasadas elecciones a riesgo de no poder presentarse a ningún proceso electoral futuro.

El presidente del Parlamento precisó que, aunque la potestad de veto corresponde al propio Tribunal Supremo o la Comisión Nacional Electoral, la Cámara si podría alumbrar una norma que prohíba la inscripción de los patidos ante uos comicios, bajo el agumento de que «un fascista o una fascista» no deben cicurrir a un cargo público. El oficialismo tiene un concepto propio y muy amplio del que tradicionalmente define al fascismo, ya que en él ha incluido hasta ahora a los líderes de la oposición, las manifestaciones contra el pucherazo electoral y agobiernos críticos.

En un comunicado, de hecho, el Gobierno de Caracas se ha dirigido a Chile, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay como «países cómplices de la violencia criminal» tras la victoria de Maduro.

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