Lula da Silva, condenado a nueve años y medio de cárcel por corrupción

Lula, de 71 años, fue acusado de ser el beneficiario de un apartamento tríplex en el balneario de Guarujá (Sao Paulo), ofrecido por la constructora OAS a cambio de su influencia para obtener contratos en Petrobras. El juez ordenó confiscar el inmueble denunciado, en una causa que afirma que Lula fue el destinatario de 3,7 millones de reales (algo más de 1,1 millones de dólares al cambio actual) en forma ilícita.

"Entre los delitos de corrupción y lavado hay concurso material, motivo por el cual las penas sumadas llegan a nueve años y seis meses de reclusión", determinó Moro, a cargo de la investigación Lava Jato sobre sobornos en la petrolera estatal.

El magistrado indicó que el exmandatario (2003-2010), icono de la izquierda latinoamericana, podrá "presentar su apelación en libertad". "Considerando que la prisión cautelar de un expresidente de la República no deja de implicar ciertos traumas, la prudencia recomienda aguardar el fallo de la Corte de Apelación antes de extraer las consecuencias propias de la condena. Así, el expresidente podrá presentar su apelación en libertad", agrega.

Lula, que enfrenta otras cuatro causas penales, siempre negó categóricamente los cargos y los atribuyó a una conspiración para impedir su candidatura en las presidenciales de octubre de 2018, para las cuales figura como gran favorito en los sondeos, pese a ser también uno de los políticos con mayor índice de rechazo. Para que su postulación sea bloqueada, deberá ser condenado en segunda instancia.

El Partido de los Trabajadores (PT), fundado por Lula en los años 1980, prepara movilizaciones de protesta en todo el país, dijo el líder de esa formación en la Cámara de Diputados, Carlos Zarattini.

La Bolsa de Sao Paulo, que operaba con estabilidad durante la mañana, escaló rápidamente y subía más de 1% a inicios de la tarde, tras el anuncio de la condena del exsindicalista, en tanto que el real se reforzaba frente al dólar.

La investigación Lava Jato amenaza también al presidente conservador Michel Temer, acusado de haber negociado un soborno a cambio de medidas favorables al gigante de la alimentación JBS e investigado por presunta tentativa de comprar el silencio de un exdiputado preso.

La Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía (CCJ) de la Cámara de Diputados discutía el miércoles un informe que recomienda encaminar a la corte suprema la denuncia por corrupción pasiva presentada contra Temer por la Fiscalía General. El caso deberá ser luego sometido a voto del plenario y si llegara al Supremo Tribunal Federal (STF) y este abriera un proceso formal, Temer será suspendido de su cargo por un máximo de 180 días, en espera de un dictamen.

Sería la segunda sucesión presidencial desde mayo de 2016, cuando Temer, vicepresidente de Dilma Rousseff, la reemplazó por el 'impeachment' en el Congreso que destituyó a la mandataria izquierdista por manipulación de las cuentas públicas.