Luisa Ortega, la fiscal que desafía a Maduro, está a las puertas de su destitución

En ausencia de la fiscal, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -acusado de servir al gobierno de Maduro- ha celebrado una audiencia de casi tres horas y se ha acogido a un lapso de cinco días para determinar si cometió "faltas graves".

"No he cometido delitos ni faltas y no me someteré a este tribunal inconstitucional e ilegítimo", ha sentenciado Ortega, quien ha asegurado que buscan callarla para que no siga diciendo "verdades como que en Venezuela hay una ruptura del orden constitucional".

Ante los magistrados, el diputado oficialista Pedro Carreño ha argumentado su solicitud de antejuicio de mérito contra la fiscal, a quien acusa de "mentir" al afirmar que no avaló la elección de 33 magistrados hecha en 2015 por el anterior Parlamento de mayoría chavista.

"Ella le vendió el alma al diablo (...) tuvo precio, le pasó como traidora lo mismo que a Judas, que lo compraron por 30 monedas de plata", ha dicho Carreño, que ha pedido al TSJ evaluar la salud "mental" de Ortega y la semana pasada logró que el máximo tribunal le prohibiera salir del país y congelara sus cuentas y bienes.

Apoyada por los chavistas críticos de Maduro, Ortega se convirtió en la voz más dura contra el presidente, haciéndolo responsable de romper el "orden constitucional" a través de fallos del TSJ que socavaron al Parlamento, hoy bajo control opositor.

Poco antes de la audiencia, el TSJ designó como vicefiscal a la abogada chavista Katherine Haringhton, sancionada por Estados Unidos, que la acusa de violar los derechos humanos, y quien sustituiría a Ortega si es destituida.

"Ya sabemos que desde el día de hoy va a operar mi remoción. Si el TSJ decide removerme de mi cargo, no me quedará otra que colaborar a restablecer la democracia", ha asegurado Ortega.