España, atrapada en Venezuela

La Administración de Donald Trump, que en tantas cosas se mueve a la deriva, insiste en sus alegatos que España es el país que puede resolver el problema que ellos no saben como afrontar. Es una forma de intentar derivar la atención de su fracaso. Presionan al Gobierno español para que actúe, aunque sin percatarse de que España tiene sus recursos limitados y en buena medida supeditados a la UE donde tampoco comprenden bien que más se puede hacer desde Bruselas.

El reconocimiento propulsado por Washington de Juan Guaidó como presidente, España lo defendió y lo encabezó. Pero esa iniciativa, de gran calado diplomático, a pesar de ser asumida por medio centenar de países, de poco ha servido. Mejor dicho, a España le ha complicado su margen de maniobra. En estos momentos el Gobierno tiene que dividir su atención entre un embajador al que reconoce y un embajador con efectivo con quien tiene que tratar para resolver los problemas que se plantean en la práctica cotidiana de las relaciones.

Antes de dar cualquier paso, España no puede olvidar, además de unas raíces culturales profundas, que hay 160.000 españoles residiendo Venezuela, afrontando penurias y riesgos, además de centenares de empresas cuya situación atraviesa momentos muy delicados. La situación se ha complicado ahora con la presencia en la Embajada en Caracas del opositor Leopoldo López – hijo de un candidato del Partido Popular a las elecciones europeas – condenado por el régimen chavista y en busca de protección diplomática.

España, que lo mantiene en la residencia como invitado, se niega rotundamente a entregarlo a la Justicia que lo reclama y reitera que no lo hará a pesar de lo que los líderes de Podemos le exigen en España. Entre tanto, tiene que defender al principio de prohibirle al invitado que participe desde la Embajada en la actividad política, algo que no entienden sus seguidores, comenzando por Guaidó, y ha desencadenado críticas de los dos principales partidos de la oposición España: PP y Ciudadanos.

Mantener el equilibrio en estas circunstancias y evitar que el conflicto, que está afectando a tantos intereses, se agrave, es difícil, pero imprescindible. No se trata ya de un asunto de ideas ni de partidos, sino un problema de Estado. Y como tal parece lógico que las decisiones que se tomen desde Madrid estén pactadas con los líderes que consideren que España necesita salir bien de este aprieto.