EEUU afirma que el proceso electoral en Nicaragua ha perdido «toda su credibilidad»

En un comunicado, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, tachó de «maniobra autocrática» la medida y señaló que pone de manifiesto «el deseo» del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, de permanecer en el poder «a toda costa».

De igual forma, apuntó que la decisión se produjo después de la detención de siete candidatos presidenciales y otras 24 figuras de la oposición, activistas de derechos humanos, líderes empresariales, estudiantes y trabajadores de ONG en los últimos dos meses.

«Estados Unidos considera las últimas acciones antidemocráticas y autoritarias del régimen -impulsadas por el temor de Ortega a una derrota electoral- como el golpe final contra las perspectivas de que Nicaragua celebre unas elecciones libres y justas este año«, afirmó Blinken.

«Ese proceso electoral, incluidos sus eventuales resultados, ha perdido toda credibilidad«, puntualizó.

El jefe de la diplomacia estadounidense anticipó que seguirán trabajando con otras democracias para «responder diplomática y económicamente a estos acontecimientos nefastos», que, consideró, «privan aún más al pueblo nicaragüense de su deseo de un Gobierno representativo y de prosperidad económica».

Según el secretario de Estado, el «régimen Murillo-Ortega« ha »socavado sus compromisos internacionales«, entre ellos la Carta Democrática Interamericana y los derechos de su pueblo a elegir »libremente a sus propios líderes«.

El CSE de Nicaragua canceló además la cédula de identificación ciudadana a nombre de Carmella María Rogers Amburn, conocida localmente como Kitty Monterrey, representante legal de CxL, y con nacionalidad estadounidense-nicaragüense.

Las medidas tuvieron lugar cuando faltan tres meses para los comicios en los que Ortega busca una nueva reelección.

También el viernes Estados Unidos anunció restricciones de visado que afectan a 50 familiares tanto de legisladores sandinistas como de fiscales y jueces de Nicaragua, que supuestamente han contribuido a impedir la celebración de unas elecciones libres en noviembre.

Ya el pasado 12 de julio, el Departamento de Estado había prohibido la entrada al país de 100 miembros de la Asamblea Nacional (parlamento) de Nicaragua, así como a fiscales y jueces nicaragüenses, por «facilitar los asaltos del régimen a la democracia y los derechos humanos».