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doménico Chiappe
Caracas
Viernes, 9 de junio 2017, 12:37
La sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que dicta que el Poder Judicial debe asumir las "competencias parlamentarias" llega al Congreso de Venezuela el 30 de marzo. El presidente de la Asamblea Nacional la califica de "basura de quienes han secuestrado la Constitución, los ... derechos y la libertad del pueblo venezolano" ante las cámaras. Es el comienzo de la insumisión institucional y de la convocatoria a defender el resultado electoral que dio la mayoría del Poder Legislativo a la oposición.
El régimen se fractura cuando la fiscal general del Estado, Luisa Ortega, dice que la resolución del TSJ es "una ruptura del orden constitucional", en vivo por el canal del Estado, el 31 de marzo. En días sucesivos otros líderes del chavismo seguirán su posición. Las filas internas se suman así a las presiones internacionales de organismos como la OEA, frente a lo que ya se califica como "autogolpe". Maduro recula y ordena al TSJ "corregir" la sentencia, pero ya es tarde.
Después de dos días con pequeñas incursiones para cerrar calles y mostrar carteles, sucede la primera gran marcha contra el gobierno de Maduro. El 1 de abril unas 200.000 personas, según analistas, se dirigen a la Defensoría del Pueblo, por la principal autopista de Caracas. Los cuerpos de seguridad bolivarianos, como la Guardia Nacional (GNB) y la Policía Nacional (PNB) se encargan de cerrar el paso y ejercer la represión.
Los paramilitares del Gobierno, llamados colectivos, salen en formación motorizada y con armas de fuego, para reforzar la represión y aumentar el amedrentamiento, a partir del 4 de abril. Serán responsables de aproximadamente la mitad de los asesinatos de manifestantes, según testigos. El primer homicidio se comete el 11 de abril en Barquisimeto. Ocho días después, asesinarán a Paola Ramírez y su muerte será registrada y compartida en Twitter.
Los militares comienzan a utilizar munición prohibida contra civiles, como balas y balines de plomo o vidrio, y disparan a quemarropa lacrimógenas y perdigones, ya desde la primera semana. Un efectivo de la PNB asesina a John Jairo Ortiz, de 19 años, durante las protestas de Carrizales, el 6 de abril. En dos meses de manifestaciones, morirán entre 52 y 65 personas, según distintos cálculos de organizaciones independientes. La impunidad rondará el 90% de los casos.
El 7 de abril, la Contraloría General de la República dictamina la inhabilitación política de Henrique Capriles por 15 años, para evitar que concurra como candidato a las elecciones previstas para 2018. Días después, el Gobierno le anulará el pasaporte para evitar que salga del país (18 de mayo) y será golpeado con un casco durante una manifestación (30 de mayo).
Desde el comienzo de la convocatoria, la oposición divulgó un lema: "Se acabó el miedo". El símbolo de la rebelión civil contra el régimen de Maduro se registró durante las marchas del 19 de abril, cuando una anciana se plantó delante de un blindado antidisturbios y aguantó los gases lacrimógenos, antes de ser detenida. Según el Foro Penal, en dos meses han sido arrestados unos 3.000 civiles, algunos de los cuales son juzgados en tribunales militares.
Para evitar celebrar las elecciones regionales, pospuestas sin excusas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), y las presidenciales del próximo año, Maduro llama a celebrar otra Asamblea Constituyente, pero con unas formas que desconocen lo establecido en la Constitución redactada en 1999 por el propio régimen. Hace el anuncio el 1 de mayo, en un mitin, que no logra reunir el gran apoyo de antaño, como muestran varios vídeos en red.
Las protestas de calle, siempre controladas por los militares en sectores del este de Caracas, comienzan a realizarse también barrios populares, como La Vega y El Valle, bastiones tradicionalmente chavistas. Ante las protestas, los uniformados cometen allanamientos y, junto a los colectivos, disparan a los edificios. Algunos sectores responden, como en la gráfica, que queman una tanqueta de la GNB.
En un intento de calmar la presión internacional y lavar la imagen del régimen, el expresidente español Zapatero, la canciller Delcy Rodríguez y el alcalde Jorge Rodríguez (dos históricos del régimen) acudieron a la prisión de Ramo Verde a ofrecer la casa por cárcel a Leopoldo López. El líder opositor no sólo rechazó la oferta y reclamó la previa liberación de todos los presos políticos, sino que ese mismo día, 4 de junio, difundió un vídeo en apoyo a las protestas.
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