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diana martínez
Sábado, 20 de agosto 2022, 16:58
Ocho años después de que se denunciara la desaparición de 43 estudiantes en México, el caso vuelve a cobrar importancia tras las últimas actuaciones de las autoridades, que detuvieron ayer a Jesús Murillo Karam, el fiscal que estaba a cargo de la investigación en aquel ... entonces. El arresto tuvo lugar un día después de que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, pidiera «verdad» y castigo a los responsables tras la publicación del reporte de una comisión gubernamental que tacha la operación de «crimen de Estado».
Según el documento, militares y funcionarios permitieron, por sus «acciones, omisiones o participación», el secuestro y muerte de los alumnos de la escuela de Ayotzinapa. «Dar a conocer esta situación atroz, inhumana, y al mismo tiempo castigar a los responsables, ayuda para la no repetición. Que nunca más se den estos lamentables hechos», declaró López Obrador.
Murillo aseguró en 2015 que la «verdad histórica» consistía en que los jóvenes fueron asesinados, «incinerados y sus cenizas arrojadas al río San Juan», por orden de antiguas autoridades locales. La Fiscalía General informó también de otras 83 órdenes de arresto contra policías y militares, así como miembros del grupo armado Guerreros Unidos, por su presunta implicación en el caso Ayotzinapa, por «delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia», según recoge el diario azteca 'Milenio'.
El abogado de los familiares de los 43 estudiantes, Vidulfo Rosales, aplaudió la actuación. La detención de Murillo, quien no opuso resistencia y quedará preso en un reclusorio de la capital, es «un paso importante», afirmó el letrado, aunque lamentó que «lo que va a hacer es defenderse, no creo que él quiera aportar ninguna información». El Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó en México 71 años ininterrumpidos hasta diciembre de 2000, aseguró que la detención de Murillo «responde más a un tema político que de justicia».
El ataque contra los 43 jóvenes la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 ha simbolizado durante años la impunidad de los grupos armados y su connivencia con instituciones públicas mexicanas. El Gobierno, que asegura que el caso «no está cerrado», reconoce que «no hay indicio alguno» de que los estudiantes sigan con vida ocho años después de su desaparición.
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