Los cien días de convulsión social y política en Venezuela

El 29 y 30 de marzo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -acusado de servir al gobierno- retiró la inmunidad de los diputados del Parlamento de mayoría opositora y se adjudicó sus facultades.

Las sentencias fueron calificadas de "golpe de Estado" por la oposición y de "ruptura del orden constitucional" por la fiscal general, Luisa Ortega; y suscitaron tal indignación diplomática que el TSJ dio marcha atrás 48 horas después.

Pero las protestas se desataron y aún continúan. Casi todas han desembocado en choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad, a lo que se añaden los saqueos y la violencia de bandas armadas de civiles encapuchados.

El 1 de mayo, la conflictividad escaló al convocar Maduro a una Asamblea Constituyente, cuyos 545 miembros serán elegidos el 30 de julio, no por voto universal, sino por sectores sociales y territorios.

El presidente afirma que la Constituyente busca "paz" y reforzar la Constitución de 1999, impulsada por su mentor, el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013); pero la oposición la considera un "fraude" para instaurar una "dictadura".

Para el 16 de julio, la dirección opositora convocó a un plebiscito -sin aval del poder electoral-, con el cual espera demostrar el rechazo a la Constituyente, ya que un 70% de venezolanos, según Datanálisis, la rechaza.

En abril murió en Caracas un manifestante de 20 años, Juan Pernalete, según la Fiscalía por el impacto de una lacrimógena disparada por un militar.

El 20 de junio murió un adolescente de 17 años, Fabián Urbina, después de que militares abrieran fuego contra manifestantes encapuchados en Caracas.

Dos días después, David Vallenilla, de 22, falleció tras disparos de perdigones a quemarropa de un soldado en disturbios frente a una base militar.

Horas antes, Maduro, quien acusa a la oposición de promover la violencia para derrocarlo, decía que el uso de armas y perdigones estaba prohibido y que las protestas debían controlarse solo "con agua y gasecito lacrimógeno".

El 4 de julio, el TSJ inició un proceso que podría llevar en breve a la destitución de Ortega, quien no asistió a la audiencia, al asegurar que no convalidaría "un circo" cuya decisión "está cantada".

Ese mismo día, la corte designó a la abogada chavista Katherine Haringhton como vicefiscal y, con ello, como posible sustituta de Ortega.

El proceso judicial se desencadenó después de que la fiscal presentara varios recursos contra la Constituyente, todos desestimados por el TSJ. Su postura abrió una brecha en el chavismo, profundizada por otras figuras chavistas.

El 5 de julio, seguidores del Gobierno venezolano irrumpieron violentamente en el Parlamento e hirieron a siete diputados, sin que el ataque fuese detenido por los militares que custodian el edicifio.

El Palacio Legislativo estuvo bajo asedio nueve horas por un centenar de chavistas, que detonaron bombas de humo y golpearon a asambleístas con palos y tubos. El suceso fue condenado por la comunidad internacional y Estados Unidos lo calificó de "ataque a los principios democráticos".

El 8 de julio, la crisis dio un nuevo giro con la inesperada excarcelación de López, tras pasar tres años y cinco meses en una cárcel militar, de una condena de casi 14 años por "incitación a la violencia" en protestas que dejaron 43 fallecidos en 2014.

Alegando "razones de salud", el TSJ cambió el arresto domiciliario por la pena de cárcel al más emblemático de los 431 "presos políticos" que según la oposición hay en Venezuela.

El mismo día, Maduro le pidió "un mensaje de rectificación y de paz", pero López -a través de sus portavoces- anunció que no va a "claudicar" y llamó a seguir en la calle.