Chile vota con dudas una nueva Constitución más inclusiva

El viernes, a solo dos días de acudir a las urnas, los chilenos se levantaron con las noticias no solo del intento de magnicidio de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, sino también de una serie de graves incidentes sucedidos en Santiago en los que se produjo una agresión a Simón Boric, hermano del presidente Gabriel Boric, cuando intentó evitar el saqueo de un local comercial. La capital había vivido una jornada de violencia que obligó al Gobierno no solo a repudiar el acto, sino también a llamar a la prudencia y a la tranquilidad. Probablemente esta situación de inseguridad que se vive y que ha ido en aumento este año influirá en una menor asistencia a las urnas, que en esta ocasión pueden contar con los votos de los mayores de 65 años que en las elecciones presidenciales no pudieron hacerlo por culpa de la pandemia.

Existen distintas razones para explicar por qué los chilenos hoy le darían la espalda al cambio profundo de su Constitución. Pero ninguna de ellas concuerda con lo que pasó en octubre del 2019. Hace tres años salieron a las calles a manifestarse, a protestar contra un gobierno que iba por un camino y una sociedad que iba por otro, fue un estallido que se produjo con gran entusiasmo, como una fiesta, pero también con muchos brotes violentos. Los chilenos no solo encendieron una cerilla en su país, también lo hicieron en el continente, que hoy vive en plena ebullición buscando una forma de vivir mejor.

El Gobierno del entonces presidente, Sebastián Piñera, cedió ante la fuerte presión social. Convocó un referéndum para votar sí o no a la elaboración de una nueva Constitución. Un 78% dijo 'sí'. Eligieron una convención constitucional paritaria, en la que había igual número de mujeres que de hombres, en la que pudieron participar muchos independientes, grupos marginados y representantes de los pueblos originarios, de las comunidades indígenas. Algo novedoso, casi ejemplar. Eso sí, la derecha conservadora, la que en los últimos 30 años, dominó el país apenas tuvo voz y voto.

La Convención tardó un año en preparar el borrador, pero durante ese período hubo peleas, faltó un diálogo más respetuoso, se llamó traidores a los que pensaban diferente, se insultó a los que proclamaban una ley abortista, a las feministas y a los favorables a la diversidad sexual. Pero, pese al desprestigio que sufrió la convención, según muchos politólogos, acabó redactándose un buen texto, moderado, en el que se respeta la autonomía del Banco Central, el derecho a la propiedad está garantizado, hay un reconocimiento a los pueblos originarios, y busca una mayor igualdad. Eso sí, todas las normas tienen que pasar por el Congreso para convertirlas en ley.

¿Pero qué pasará si gana el 'no'? En una entrevista a 'The Clinic', Claudia Heiss, directora de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile, que participó en la convención constitucional, manifiesta su preocupación por las dificultades que presentará el proceso político. «El apruebo da más certezas del camino institucional que se debe seguir porque genera una expectativa de cambio. El rechazo agudizará el conflicto».

Muchos chilenos están agotados por este proceso que durante tres años los ha tenido enfrentados y viviendo una situación que probablemente no habían experimentado antes del estallido social. Patricio Guzmán, director de cine y de muchos documentales entre ellos el de 'Mi país imaginario', basado en los hechos ocurridos en octubre del 2019, que se estrenó en cines el pasado 11 de agosto, está convencido de que «Chile hoy en día es un volcán que no se puede apagar. Es una historia que ha reventado con 40 años de retraso. Este Chile necesita cambios profundos y votar por el futuro».

El presidente Boric ha prometido, gane o no el 'sí', que luchará por dotar a Chile de una nueva Constitución. Ha asegurado que impulsará un nuevo proceso si el texto es rechazado o reformar los artículos más conflictivos. Varias fuentes próximas a la presidencia han informado que el mandatario se ha reunido de forma privada con los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, con el objetivo de establecer un gran consenso independientemente de qué opción gane el plebiscito. En el mismo se establecerían normas claves para la creación de esa nueva Carta Magna.