La Fiscalía imputa a tres mineros por el asesinato del viceministro boliviano

Mamani, que es el presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Minera (Fencomin), fue imputado "en grado de autoría" por asesinato, robo agravado, organización criminal, atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado y por tener explosivos, según un comunicado difundido este sábado. Castro y Pinto están acusados de los mismos delitos pero en grado de complicidad, en el marco del Código de Procedimiento penal.

La imputación señala que Illanes fue asesinado el jueves tras haber sido secuestrado por mineros cuando se dirigía al bloqueo de rutas en la localidad de Panduro, a 180 kilómetros de La Paz, junto a su escolta y un chófer, con el propósito de mediar en el conflicto. Según la fiscalía, los tres imputados, en compañía de un centenar de mineros, "secuestraron al Viceministro para llevarlo a la comunidad de Belén en el cerro Pucara, donde con alevosía, ensañamiento y premeditación le quitaron la vida a golpes".

La autopsia practicada a Illanes reveló lesiones en los centros nerviosos superiores, una lesión vascular y nerviosa, hemorragia subdural, edema cerebral, traumatismo cráneo encefálico y politraumatismo facial, torácico, genital y de extremidades. Illanes fue torturado durante seis o siete horas antes de morir, según los exámenes realizados a su cadáver.

La comisión de fiscales del caso tomó declaraciones, reunió actas de registro, requisas y otros elementos de convicción que apuntan a los imputados como los presuntos autores de los delitos imputados, según el comunicado de la Fiscalía de La Paz.

Además, el conflicto causó la muerte de tres mineros, Severino Ichota, Fermín Mamani y Rubén Aparaya Pillco por disparos durante los enfrentamientos de los manifestantes con la Policía en los bloqueos realizados en Cochabamba (centro) y el altiplano (oeste). El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo hoy que "obviamente, también es necesario aclarar estas muertes". Las autoridades han insistido estos días en que los agentes no tenían órdenes para portar armas letales en los desbloqueos.

Con sus protestas, los mineros de Fencomin exigían la anulación de una ley que permite la formación de sindicatos en las cooperativas, lo cual consideran perjudicial para esas entidades. Sin embargo, el presidente Evo Morales dijo estar convencido de que ha vuelto derrotar "un golpe de Estado", esta vez supuestamente planeado por los mineros que protagonizaron el conflicto.