El Parlamento venezolano debate el estado de excepción decretado por Maduro

El Legislativo ya había rechazado un decreto de emergencia económica dictado por Maduro en enero, pero el TSJ lo dejó en firme señalando que el control parlamentario no afecta la integridad de la medida. El pasado viernes Maduro renovó por segunda ocasión dicho decreto y le añadió el estado de excepción por 60 días, con lo cual se arrogó amplias facultades para gobernar en materia política, económica, social y ambiental. "Es una habilitación ilimitada a favor del presidente, cuyo poder se concentra e incrementa", señala el constitucionalista José Ignacio Hernández.

Entre las justificaciones, el texto publicado el lunes indica que, tras asumir el control de la Asamblea en enero pasado, la oposición pretende el "desconocimiento de todos los poderes públicos" e impulsa la "interrupción del período" de Maduro, en alusión al referendo revocatorio que promueve en su contra. También denuncia un vínculo entre opositores y grupos criminales "financiados desde el exterior" para generar "problemas de orden público" que "justifiquen una intervención de poderes extranjeros".

Prerrogativas

El lunes, el portavoz del gobierno de Barack Obama, Josh Earnest, manifestó la preocupación de Estados Unidos por las "terribles" condiciones de vida de los venezolanos, y pidió a Maduro escuchar a sus críticos so pena de profundizar la crisis. Pero el mandatario socialista -que heredó la retórica antinorteamericana del fallecido Hugo Chávez (1999-2013)- considera que Washington está detrás de un complot opositor para desestabilizarlo mediante una "guerra económica" y la declaratoria del país como una amenaza "inusual y extraordinaria".

Aunque el decreto no precisa restricciones al derecho de protesta y reunión, habilita al Gobierno a "ejecutar planes especiales de seguridad que garanticen el sostenimiento del orden público".

Además, ordena a la Fuerza Armada Bolivariana y demás órganos de seguridad "garantizar la correcta distribución y comercialización de alimentos y productos de primera necesidad", en grave escasez. Esto, en coordinación con los recién creados Comités Locales de Abastecimiento y Distribución (CLAP), grupos de ciudadanos que se encargarán de la entrega directa de alimentos subsidiados para evitar que terminen en manos de contrabandistas. Maduro le atribuyó además a esos colectivos "funciones de vigilancia y organización", conjuntamente con la Fuerza Armada y la Policía, "para mantener el orden público y garantizar la seguridad y soberanía".

Mientras tanto, para reactivar la producción el decreto prevé la "asignación directa de divisas", que escasean por el desplome de los precios del petróleo, "sin sometimiento a autorizaciones o aprobaciones de otros poderes públicos".

En opinión de Luis Vicente León, de la firma Datanálisis, el objetivo del decreto en materia económica es justamente eludir a la Asamblea para la reestructuración del presupuesto.

Mientras, para enfrentar los efectos del fenómeno 'El Niño', Maduro queda facultado para ajustar la jornada laboral en el sector privado, y no solo en el público, donde se redujo a dos días a la semana hasta el 27 de mayo, para ahorrar energía. El Gobierno ya aplica un plan de racionamiento en casi todo el país.

En la primera medida bajo el estado de excepción, Maduro llamó el fin de semana a los consejos comunales (base de los CLAP) a tomar las fábricas paradas. Con ello puso en la mira cuatro plantas cerveceras de Polar -principal productor de alimentos y bebidas del país-, cesadas por falta de divisas para comprar insumos dentro del férreo control de cambios.

"En todas las experiencias de socialismo extremo la historia está cantada: primero controlas para resolver el problema, después controlas más para tapar el hueco que te dejó el primer control, luego empiezas a inventar un culpable de por qué todas esas cosas que hiciste no sirven porque no hay productos, se disparan los precios, no hay empleo ni inversión", ha afirmado León.

Movilización opositora

El líder opositor Henrique Capriles ha reiterado su convocatoria a una movilización el miércoles hacia la sede central del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Caracas, para exigirle celeridad en la validación de unas firmas presentadas para activar el revocatorio. El oficialismo anunció que negará el permiso a esa marcha, lo que pondría a prueba el estado de excepción.

La oposición quiere realizar el referendo este año, pues si lo hace después del 10 de enero de 2017 -cuando se cumplen cuatro años del actual mandato presidencial- y Maduro pierde, los dos años restantes los completaría el vicepresidente, designado por el mandatario. En caso contrario, se convocará a elecciones.