colpisa / afp
Martes, 12 de abril 2016, 02:16
El Supremo venezolano ha declarado inconstitucional la ley de amnistía aprobada por la mayoría opositora en el Parlamento, tal como lo había solicitado el presidente Nicolás Maduro, ha anunciado el tribunal.
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El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) "declara la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía ... y Reconciliación Nacional, sancionada por la Asamblea Nacional el 29 de marzo de 2016", para liberar a dirigentes opositores presos, señala el fallo de la corte publicado en su página web.
La decisión se produce después de que el pasado jueves Maduro enviara la ley al TSJ para un examen de su Sala Constitucional, aduciendo que su aprobación dejaría impunes violaciones de derechos humanos y desataría una espiral de violencia en el país.
La ONU muestra su decepción con el fallo
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El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se ha mostrado "sorprendido" y "decepcionado" por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de declarar inconstitucional la ley de amnistía aprobada en el Parlamento de ese país.
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"Estamos muy, muy decepcionados por la decisión del Tribunal Supremo, sobre todo teniendo en cuenta que el Gobierno venezolano nos solicitó nuestra opinión legal y nosotros respondimos que en general estaba en conformidad con los estándares de derechos humanos", ha explicado en rueda de prensa la portavoz del Alto Comisionado, Ravina Shamdasani.
El diputado opositor Henry Ramos Allup, presidente del Parlamento, había dado por descontado el viernes que la norma sería declarada ilegal, reiterando su denuncia de que el TSJ es el "bufete jurídico" del Gobierno.
En una extensa sentencia, la Sala Constitucional justifica su determinación indicando que la ley incluye "delitos de delincuencia organizada que no guardan relación con delitos políticos".
También aduce vicios de forma, la inclusión en la iniciativa de delitos administrativos que "vulneran la defensa del patrimonio público y la lucha contra la corrupción", y "efectos en la sociedad y el ordenamiento jurídico al desconocer los derechos de las víctimas".
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