Assange será interrogado en Londres

El imputado se refugió en la embajada de Ecuador en Londres evitando así que el Reino Unido le entregara a Suecia para ser juzgado por presuntos delitos sexuales que el australiano no admite haber cometido. Además, el traslado a Suecia podría suponer un posterior movimiento a Estados Unidos, donde podría enfrentarse a un tribunal militar por las filtraciones hechas a WikiLeaks. Por ello Assange llevaba solicitando a la Fiscalía sueca que se le tome declaración en la embajada de Quito en la capital británica "desde agosto de 2010". "El anuncio llega tras seis años de una total inacción por parte de la Fiscalía sueca", ha apuntado su defensa.

El equipo de abogados del activista indica que "la conducta arbitraria de la fiscalía fue hallada ilegal por la ONU a comienzos de año, y la negativa del fiscal a tomar declaración a Assange también fue considerada ilegal por las altas cortes suecas en noviembre de 2014 y en mayo de 2015".

El grupo jurista del exhacker alude al dictamen del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, que estableció el pasado febrero que Assange "se encuentra en situación de detención arbitraria", y pidió al Reino Unido y a Suecia que pusieran "fin a la privación de libertad" del australiano. Consideran también que "la conducta ilegal del fiscal ha ocasionado un daño irreparable a su salud, sus derechos y su vida familiar". "El Grupo de trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU halló que el caso de Assange está plagado de violaciones de proceso y de condiciones que equivalen a tortura, y que Suecia ha infringido sus obligaciones internacionales", ha concretado el jurista español en la nota.

Visto bueno de Ecuador

La reacción del equipo de Assange llegó después de que la cancillería de Ecuador señalara también que en las próximas semanas se fijará una fecha para el interrogatorio y recordara que desde hace más de cuatro años ese Gobierno ha ofrecido cooperación para que se produzca en su sede diplomática en Londres.

Ecuador indica que su ofrecimiento, junto a otras acciones jurídicas y políticas, no es razón para el enfrentamiento de sus gobiernos sino "para alcanzar una solución satisfactoria para todas las partes, poner fin a las innecesarias dilaciones en el proceso y garantizar la tutela judicial efectiva". El Gobierno ecuatoriano propuso a Suecia la negociación de un acuerdo de asistencia legal en materia penal, que fue firmado en diciembre, y que sirve como marco jurídico para el interrogatorio.