El experimento andaluz del que presume la derecha

A punto de cumplir los tres meses, el experimento permite comprobar la dificultad de romper la inercia de cuatro décadas en la oposición, con apelaciones constantes a la herencia recibida. Pero también deja entrever el pulso soterrado que populares y liberales mantienen con Vox. Los posibles roces se verán en su plenitud tras las elecciones, cuando llegue el momento de elaborar y aprobar los Presupuestos. A pesar de ello, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, destacó este martes que hasta el momento no se puede hacer una sola crítica a los acuerdos de investidura que el PP firmó con Ciudadanos, por un lado, y con Vox, por el otro. «Una vez más demostramos que es posible cumplir los acuerdos», añadió el vicepresidente, el liberal Juan Marín.

En el nuevo Gobierno presumen de cumplir a rajatabla el compromiso de 21 medidas para los cien primeros días que se marcaron en su pacto. La medida de mayor calado es una «revolución fiscal» a semejanza del modelo impositivo de la Comunidad de Madrid. El plan beneficia especialmente a las rentas más altas con la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones por encima del millón de euros, y una reducción en el IRPF.

Nada más llegar a la Junta, el consejero de Economía se descolgó con que la promesa electoral de creación de 600.000 puestos de trabajo era solo eso, promesa dicha al calor de la campaña. Unas palabras que traslucieron la bisoñez de un Ejecutivo que además tuvo dificultad para formar equipos. Tras años de críticas a los socialistas, PP y Ciudadanos tuvieron que conceder que los bajos sueldos de la administración no son el mejor estímulo para atraer profesionales de alto nivel.

Sanidad y Educación han sido los otros ejes de acción. La medida estrella ha sido un plan de refuerzo educativo estival y la gratuidad total de la enseñanza de 0 a 3 años en 2020, aunque antes se subirá el precio de las guarderías, y por tanto crecerán los fondos que reciben las empresas concertadas que los gestionan. En materia sanitaria, se ha eliminado la subasta de medicamentos y se ha implantado un plan para paliar las listas de espera, que tras ampliar los criterios de inclusión reveló una bolsa de 800.000 personas a la espera de ser atendidas, medio millón más de las contabilizadas hasta el momento. La reducción pasa por ampliar los horarios de atención y quirófanos en centros públicos, pero también por derivar a los pacientes a hospitales concertados.

Todas estas medidas han contado con el apoyo de Vox, al que populares y liberales han logrado apaciguar de momento. Se sustituirá la ley de Memoria Histórica por una de Concordia si hay mayor consenso del que logró la norma actual, algo complicado ante el rechazo de PSOE y Adelante Andalucía, a los que la formación de extrema derecha califica de «buscahuesos». La coalición soslayó la propuesta de los de Santiago Abascal que intervenir en Salvamento Marítimo por hacer el juego a las mafias de la inmigración con el argumento de la nula competencia de la Junta en esa materia. Sin embargo, Vox ha logrado reabrir el debate de la lucha contra la violencia de género al cuestionar las ayudas a las víctimas y la formación de los profesionales que las atienden. De hecho, ha avisado que no dará su apoyo a los Presupuestos si incluyen ayudas a la lucha contra la violencia machista que, dicen, «alienta el feminismo radical».

Los roces han quedado aparcados por las generales, por lo que será ahora, cuando empiece la elaboración de las cuentas públicas y ya con los resultados electorales, cuando se comprobará el verdadero modelo de gobierno y si la fórmula que quiere exportar la derecha es estable o no.