El dispositivo de seguridad que velará por la seguridad durante la celebración de las próximas elecciones generales del próximo 23 de julio estará integrado por un total de 90.282 miembros de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado. De ellos, 28.792 pertenecen ... a la Policía Nacional (a los que hay que sumar 99 agentes de la unidad adscrita a la Generalitat Valenciana) y 41.054 a la Guardia Civil. Sobre el instituto armado, como es habitual, recaerá el mayor peso del despliegue en los comicios, ya que básicamente la mitad de su plantilla será movilizada el próximo domingo.
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Por su parte, y en los territorios de su competencia, los Mossos d'Esquadra desplegarán 4.055 agentes, la Ertzaintza 1.217, la Policía Foral de Navarra 23 y la Policía Canaria otros 67. Completan el dispositivo los 14.768 agentes de distintos cuerpos de policía municipal, según informó este lunes el Ministerio del Interior.
En el desglose por comunidades autónomas, Andalucía es la que tendrá un mayor despliegue policial, con 18.636 agentes, seguida de la Comunidad de Madrid, con 10.775 efectivos; Cataluña, con 9.108 agentes, y la Comunitat Valenciana, con 9.083.
El despliegue de seguridad del próximo domingo será un 9% inferior en envergadura al de los comicios autonómicos y locales del pasado 28 de mayo, cuando fueron movilizados casi 99.000 agentes. La razón de este descenso -explican fuentes de la seguridad del Estado, es doble. Por un lado es que el domingo va a haber menos colegios que hace dos meses. Este 23-J se van a constituir un total de 60.340 mesas. Se trata de un número de mesas solo algo menor que en las elecciones municipales de mayo, cuando hubo 60.576, pero algo mayor que en las generales del 10-N de 2019 cuando se constituyeron 60.076. Sin embargo en las generales de este año habrá menos locales electorales y menos urnas. Los colegios pasan de los 23.194 de 2019 a apenas 22.663 este julio. O sea, 531 sedes menos. Las urnas, por su parte, se verán reducidas de 211.000 a 210.000. Y el número de cabinas crecerá de las 58.000 a las 59.000.
El segundo motivo es que el Ministerio del Interior ha tenido que detraer efectivos con respecto a los de junio para el despliegue de seguridad de los distintos actos de estos días relacionados con la presidencia española de la UE.
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Como ya ocurriera en las elecciones del pasado mayo, el Ministerio del Interior está especialmente preocupado, más allá de la seguridad física de los colegios, por la posibilidad de sabotajes o ciberataques a la logística del sistema electoral y, particularmente, el recuento la tarde/noche del próximo 23 de julio, el momento más delicado de la jornada.
El pasado 26 de junio, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, firmó la Instrucción 7/2023 en la que se establece un conjunto de medidas de seguridad y protección «que permiten y garantizan que el derecho fundamental a la participación política pueda ejercitarse el próximo 23 de julio en condiciones óptimas de libertad y seguridad, y protegidas de aquellas amenazas dirigidas a perturbar su normal desarrollo», según detalló este lunes Interior.
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Entre otros extremos, esta instrucción recoge las directrices generales para la coordinación y actuación operativa de las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que participan en el dispositivo policial de protección de la jornada electoral, así como las medidas de protección del sistema electoral, todas cuyas infraestructuras serán consideradas 'críticas' y disponen ya del despliegue de seguridad necesarios.
Pero, sobre todo, la orden del secretario de Estado fija un conjunto de «medidas preventivas, reactivas y de coordinación» ante posibles incidentes en el ámbito de la ciberseguridad que puedan afectar a las «redes y sistemas de información que soportan los sistemas informáticos relacionados con las elecciones, las campañas, las administraciones públicas y las electorales, así como otros actores relevantes en la materia, velando por la seguridad de todos los aspectos informáticos del proceso electoral y garantizando la celebración de las elecciones generales».
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Con este objetivo, la instrucción incluye un Dispositivo Extraordinario de Ciberseguridad (DEC-EG23) coordinado por la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC) del Ministerio del Interior y en el que participarán las unidades de las Fuerzas de Seguridad especializadas en ciberdelincuencia y los Equipos de Respuesta ante Emergencias Informáticas (CSIRT) nacionales de referencia.
El programa de seguridad para el 23J ha superado ya la fase previa, iniciada el pasado 28 de junio, y se encuentra en fase de alerta, que se prologará hasta el próximo 21 de julio. Ese día, a las 20:00 horas, comenzará la fase crítica, diseñada para dar protección a los actos de final de campaña, el día de reflexión y la jornada de votación del domingo 23 hasta el cierre de los colegios electorales, el traslado de la documentación relacionada con el escrutinio y la finalización de la actividad electoral.
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