24 horas de «silencio electoral»

Como cada campaña electoral, esta jornada de votación irá precedida de una de reflexión que, desde 1985, está regida por una serie de prohibiciones legales vinculadas a la propaganda política. ¿El fin? Velar porque "las decisiones políticas en las que se refleja el derecho de sufragio se realicen en plena libertad".

Según la ley, los partidos políticos no pueden organizar actos electorales, mítines, ni repartir sus programas. La norma se extiende a medios de comunicación y también a los ciudadanos. Los primeros no pueden difundir encuestas, sondeos de opinión y pronósticos electorales en los cinco días previos a los comicios; en este caso, desde el martes. Los segundos tienen menos opciones de meterse en problemas, pero ante cualquier atisbo de promoción de un partido, llamada al voto a un determinado candidato o intención de alterar la preferencia de terceros, una denuncia puede llevar a esa persona ante el juez.

Aunque la ley sí abarca los blogs de internet, las redes sociales no existían cuando se diseñó el Código Electoral, por lo que quedan fuera de la prohibición. Sin embargo, la Junta Electoral encargada en este caso de velar por el cumplimiento de la ley- tiene la potestad de revisar caso por caso para evitar mensajes fraudulentos en plataformas como Twitter o Facebook.

¿Y cúales son las penas? Infringir esta ley se castiga con "pena de prisión de tres meses a un año o la de multa de seis a veinticuatro meses, según el artículo 144. Por último, los militares, policías o miembros de la judicatura en activo, no pueden llevar a cabo ningún tipo de acto propagandístico ni durante la campaña ni en la jornada de reflexión.