La difícil papeleta del Senado

La razón es un sistema de votación que nada tiene que ver con el del Congreso. Una fórmula de listas abiertas en un país sin cultura de cercanía con el votante y en una institución terriblemente cuestionada.

La «cámara territorial», que todos los partidos abogan por reformar, sirve en realidad para poco. Por ella pasan todas las leyes que se tramitan en el Parlamento después de concluir su trámite en el Congreso. Los senadores pueden cambiarlas o vetarlas con una enmienda a la totalidad. Pero siempre que alteren el contenido del texto, éste ha de volver a la Cámara baja para que los diputados ratifiquen los cambios o los levanten. Eso era lo que ocurría, por ejemplo, en la citada legislatura de Zapatero.

Hace no muchas semanas, Podemos puso, aun así, el foco en el Senado. Al límite del plazo para cerrar las candidaturas para las generales del 26 de junio, Pablo Iglesias hizo una propuesta al PSOE para presentar listas conjuntas. Su objetivo, teóricamente, era intentar acabar con esa mayoría sólida de la que disfruta el PP ¿Para qué si el Senado no deja de ser una cámara simbólica? El argumento es que en esta legislatura la institución podría cobrar un caracter más relevante. Cualquier reforma de la Constitución requiere una mayoría de tres quintos (o de dos tercios, según los artículos a los que afecte) en ambas cámaras. Y el PP es el único partido que no la quiere o, al menos, no la lleva en su programa.

Es un motivo algo liviano, y la dirección socialista lo despreció. En primer lugar, porque parece poco congruente que una modificación de la piedra angular del sistema legislativo pueda salir adelante sin el apoyo del partido más votado. Incluso en el caso de que todos los demás estuvieran dispuestos a tal cosa, las probabilidades de que puedan hacerlo son remotas. La minoría de bloqueo en la Cámara baja es de 117 diputados y no hay ni una encuesta que coloque al PP por debajo de esa cifra.

Hay una cuestión, aun así, que sí puede dirimir el Senado y en la que el Congreso no tiene voz ni voto y es la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el que permite al Gobierno intervenir una comunidad en caso de que sus autoridades incurran en un incumplimiento grave de los principios constitucionales y se niegue a atender los requerimientos del Ejecutivo para desistir en su actitud. Los redactores de la Carta Magna no pensaron entonces en un desafío independentista, pero ahora se considera la solución de último recurso para desacatos como el que planean los secesionistas de Cataluña. Y para activarlo, se requiere la aprobación de la mayoría absoluta del Senado.

Desproporción

El caso es que, si los ciudadanos estuvieran mínimamente preocupados de estos asuntos o si a los partidos les interesara de verdad que lo estuvieran, se habrían puesto en marcha estrategias para conseguir que el PP no arrase como lo hace en el Senado. O simplemente para aprender a votar a los senadores, que es algo más complejo que limitarse a coger una papeleta y meterla en un sobre, como en el Congreso. Se enseñaría a poner cruces donde más interesa.

Lo habitual es que quien vota a un partido en el Congreso señale a los senadores de ese mismo partido en la papeleta del Senado. Pero es evidente que para muchos es un engorro que da pereza, se lleve o no un bolígrafo. El 20 de diciembre, por ejemplo, hubo medio millón de personas que votaron en el Congreso y no en el Senado, pero además se registraron 3,5 veces más votos nulos y cinco veces más votos en blanco. De los 208 senadores que se elegían, el PP obtuvo 124, que, sumados a los 21 que ya tenía (un porcentaje de representantes es designado por los Parlamentos autonómicos) le permitió superar la mayoría absoluta, situada en los 134 parlamentarios.

¿Podría ser de otro modo? Podría. En cada provincia, salvo en las insulares, Ceuta y Melilla, que tienen tres, uno o dos, respectivamente, se elige a cuatro senadores independientemente del número de habitantes; lo que significa, por ejemplo, que para obtener un escaño por Madrid, el único senador de Podemos necesitó más de 700.000 votos y, para lograr un sillón por Ávila, a la única senadora del PSOE le bastó con algo más de 19.000. Se elige, pues, a cuatro senadores, pero cada elector puede marcar sólo tres casillas con tres nombres. Los escaños van para los cuatro más votados. Por orden. Sin ley DHont ni nada que se le parezca.

Con este modelo, y con nuestra cultura política, lo habitual es que el partido más votado en cada provincia se lleve tres escaños y el segundo logre uno. Sin embargo, con porcentajes de voto como los que se producen ahora (es difícil que nadie supere el 30% en muchas provincias), una acción concertada de las fuerzas minoritarias podría alterar la correlación de fuerzas. Bastaría con convencer a los simpatizantes para que repartan sus tres x entre los tres primeros candidatos de cada formación aliada, por ejemplo. Al sumar sus votos sería fácil superar al que sólo tiene el apoyo de los votantes de su partido.