El urbanismo de Roquetas, bajo sospecha

El Juzgado ya ha reclamado al secretario municipal del Ayuntamiento que certifique «las relaciones jurídicas», esto es, «contrataciones, adjudicaciones, modificaciones de planeamiento urbano y cualesquiera otras» mantenidas «por las 103 empresas relacionadas» en el informe policial en el término municipal roquetero, empresas que estarían participadas por «el señor Amat Ayllón y por familiares del mismo» y que podrían estar «aprovechándose ilícitamente del desarrollo urbanístico de Roquetas de Mar» gracias al cargo del regidor, que por otra parte es uno de los hombres más poderosos del PP en Almería y en Andalucía. Asimismo, el juzgado roquetero también ha reclamado que la Intervención General del Estado que «informe sobre la veracidad de las declaraciones sobre incompatibilidades» efectuadas por el alcalde de Roquetas de Mar, ya que éstas podrían no corresponderse con la realidad.

Las indagaciones, que se derivan de la denuncia de una asociación anticorrupción ante la Fiscalía Superior de Andalucía en enero de 2013, hace ya tres años y medio, marchan a paso de tortuga. El primer informe policial tardó un año y siete meses en elaborarse. Y la instructora ya ha mencionado en un auto que la investigación puede exigir «recabar numerosa documentación para cuyo análisis e interpretación resulta precisa la colaboración de otros organismos e incluso, llegado el caso, de peritos, especializados en materia contable y fiscal». El caso ha sido declarado causa compleja para permitir continuar con las indagaciones pese a superarse el plazo de seis meses impuesto por la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal para las diligencias previas.

Amat ha salido indemne de otras investigaciones judiciales. Por ejemplo, una en la que se le citó como imputado por la presunta irregularidad de una licencia para construir viviendas en suelo comercial. La denuncia penal, que también afectó a la práctica totalidad de su equipo de gobierno, acabó archivada porque la Audiencia Provincial consideró que no había quedado demostrado que se concediera «a sabiendas» de que la parcela no era compatible con la construcción de viviendas. También se archivó otra por la ampliación de obra en la construcción de un gran auditorio en la localidad de la que es regidor y que costó un 120% más de lo inicialmente previsto. «Aún cuando se infringieran los principios [...] de igualdad de oportunidades, de imparcialidad o de legalidad», observaron los magistrados de la Audiencia almeriense, la decisión de continuar con la obra y no cancelarla y volverla a sacar a concurso, como dicta la Ley, no llegaba «a tener una relevancia penal, como actuación arbitraria».

El dirigente popular, que rige con mano de hierro el PP en la provincia de Almería (donde la formación conservadora obtiene los mejores resultados de toda Andalucía) niega cualquier conducta irregular en su gestión al frente de las instituciones públicas y cree estas investigaciones fruto de un supuesto «acoso y persecución». La oposición le reprobó recientemente en un pleno de su Ayuntamiento por no abstenerse ni ausentarse en las votaciones en las que se adjudicaron contratos municipales a Ondamar TV, una productora audiovisual presuntamente vinculada a una de sus sociedades.