El 'yonqui del dinero' provocó la caída del faraón Rus

El 26 de enero de este año, la Guardia Civil, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, detuvo a primera hora de la mañana a Alfonso Rus, expresidente de la Diputación, su jefe de gabinete, Emilio Llopis, y María José Alcón (exconcejala del PP en el Ayuntamiento de la capital) por su presunta vinculación con las irregularidades cometidas en la Diputación de Valencia y en la empresa pública Imelsa. Conforme pasaban las horas se llegaron a realizar hasta 22 detenciones. La Guardia Civil practicó numerosos registros, entre ellos en la Fundación Jaume II, en la empresa pública CIEGSA y en el Club Deportivo Olimpic de Xátiva. Además, los agentes entraron también en el Ayuntamiento de Valencia, donde inspeccionaron los despachos del grupo municipal del PP. La operación estaba relacionada con una investigación en torno a la empresa pública Imelsa, dependiente de la Diputación de Valencia, y con las grabaciones que hizo el empresario Marcos Benavent que implicaban a Alfonso Rus y a otros políticos en una supuesta trama de corrupción. Los hechos investigados tenían que ver con el cobro de comisiones por la adjudicación fraudulenta de contratos ficticios.

Alfonso Rus, exalcalde de Xàtiva, fue presidente de la Diputación de Valencia entre 2007 y 2015 y Emilio Llopis fue alcalde de Genovés y posteriormente jefe de gabinete de Rus durante su etapa en la Diputación. El caso se remonta al año 2014, cuando la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación a raíz de una denuncia de EUPV en la que se aludía a una presunta trama de corrupción en Imelsa. En concreto, se acusaba a Benavent de crear una empresa pantalla, Berceo Mantenimientos, que facturaba a otras cinco mercantiles que a su vez cobraban a Imelsa por trabajos que presumiblemente no se realizaban. De ahí se habrían desviado diferentes comisiones, perjudicando a las arcas públicas.

Las polémicas grabaciones

En el momento de la denuncia, la formación de EUPV ya indicó que le resultaba difícil pensar que Alfonso Rus no supiera de las actuaciones de Benavent, puesto que éste "había nacido, crecido y se había enriquecido bajo el paraguas" de Rus. A los pocos meses se hicieron públicas unas grabaciones en las que presuntamente se podía escuchar a Alfonso Rus contando billetes del cobro de comisiones, extremo que éste siempre ha negado. En concreto, se oía como supuestamente decía: "Uno, dos, 2.000, 3.000... y 12.000 euros. Dos millones de pelas". Este supuesto cobro de comisiones, en este caso durante los años 2005 y 2006 vinculadas con la Mostra de Valencia, también salpicó a la entonces concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Valencia con el anterior gobierno municipal 'popular' María José Alcón. Estas grabaciones provocaron que el PP le suspendiera de militancia.

Las grabaciones de Rus le costaron su puesto tanto en la Diputación -estuvo desde 2007 hasta mayo de 2015- como en el PP, partido en el que ocupaba desde 2004 el cargo de presidente de la provincia de Valencia -fue suspendido de militancia cuando el presidente del PPCV era Alberto Fabra, también entonces presidente de la Generalitat-.

En pleno escándalo, Benavent fue citado en mayo de 2015 por el juzgado para declarar como imputado por las presuntas irregularidades en la entidad que dirigía, y a su salida, en declaraciones a los medios de comunicación, reconoció que se llevó "de todo" de la Diputación -aunque pensaba devolverlo, según dijo- y advirtió de que iba a colaborar con la justicia y de que iba a hacer daño "a mucha gente" contando la verdad. "Va a salir mierda a punta pala", expresó. En esta misma comparecencia pública justificó que se había llevado dinero de la corporación provincial porque era un "yonqui del dinero" y describió su relación con Rus de "confianza profesional". Las investigaciones continuaron en los meses siguientes hasta que un 26 de enero los agentes decidieron proceder a las detenciones.

Pero no todo quedó ahí. Unas grabaciones a la exconcejala de Cultura, María José Alcón, junto con un anónimo, llevó a la Guardia Civil a abrir una causa paralela que afectaría al grupo municipal del PP de Valencia. Tan sólo 24 horas después de que la Policía pinchara su teléfono, Alcón comentaba a su hijo cómo le habían dado 1.000 euros para, supuestamente, blanquear dinero. Las pesquisas está en fase de instrucción muy avanzada. Se mantiene como investigados a 48 personas físicas y al propio PP como persona jurídica. Además del supuesto blanqueo de 50.000 euros, se ha empezado a investigar un posible delito electoral por financiación ilegal. Actualmente, y tras un pulso con la dirección regional, los concejales investigados (9 de los 10 elegidos en las últimas elecciones locales) siguen en sus puestos intentando defender su inocencia. La mayoría admiten haber ingresado el dinero en la cuenta del partido, pero niegan rotundamente haber recibido más tarde os billetes de 500 euros. Según su versión, hubo donación pero no blanqueo.