Puigdemont exige la dimisión de Santamaría por intentar «orquestar un fraude de ley»

Previamente, su candidatura había reaccionado con la máxima contundencia al anuncio del Gobierno central de que impugnará la candidatura de Puigdemont y no dejó ningún resquicio a una posible marcha atrás. Los neoconvergentes avisaron al Ejecutivo que no solo no retirarán la candidatura del expresidente de la Generalitat, sino que además presionaron para que Esquerra tampoco acate la anulación y el presidente de la Cámara catalana mantenga el pleno del debate si hay una suspensión previa del Constitucional. «No tenemos ninguna duda de que (Roger) Torrent protegerá los derechos de todos los diputados a investir a Puigdemont», apretó el portavoz de Junts per Catalunya, Eduard Pujol.

El diputado y hombre de confianza de Puigdemont aseguró que el Gobierno central ha traspasado «todas las líneas rojas» y ha perpetrado un «golpe de Estado» contra el resultado electoral del 21-D. Según Pujol, el intento de paralizar la investidura es propio de una «dictadura y el Gobierno se sitúa en la «ilegalidad».

Junts per Catalunya anunció que emprenderá acciones legales para defender sus «derechos como diputados». Consideran que la ley les asiste desde el argumento de que existe una credencial de la junta electoral que «demuestra y certifica que Puigdemont es parlamentario con todos los derechos» y además, a fecha de 25 de enero, el Boletín Oficial del Parlament publicó la lista de los diputados que tienen «todos los derechos» para ejercer como tales y en ese listado estaba el expresident.

Puigdemont y los suyos elevaron el tono contra el Gobierno y al mismo tiempo trasladaron la patata caliente a sus socios republicanos. Esquerra está en una situación incómoda porque mantiene un doble juego. Los republicanos cargaron también con dureza contra el Ejecutivo central, pero evitaron dar pistas sobre cuál será su posición en caso de suspensión de la candidatura de Puigdemont. «Paso a paso», dijo el portavoz de la formación, Sergi Sabrià.

Esquerra mantuvo hoy públicamente el apoyo a la candidatura del expresidente y defendieron su «legitimidad», aunque son conscientes de que su investidura es poco menos que imposible, a no ser que los secesionistas se salten el reglamento de la Cámara y vuelvan a la vía de la confrontación de la pasada legislatura, tesis que gana terreno en Junts per Catalunya. ERC negó tener un plan B y afirmó que defenderá por todos los medios la investidura del expresident.

Los republicanos, no obstante, esperaban agazapados a que el Constitucional suspendiera la investidura de Puigdemont, pero a posteriori, como apuntó hoy el Consejo de Estado en su informe, para irrumpir en el debate del candidato alternativo. Sin embargo, la posible suspensión preventiva a quien deja en el disparadero es a Torrent, diputado de ERC, que deberá decidir entre la desobediencia en la más genuina vía Forcadell -de la que trató de desmarcarse en su estreno- o en el acatamiento -que para el independentismo que aún no ha plegado velas supondrá una traición-.